Roma (Euractiv.it/.es) – El polémico acuerdo migratorio Italia-Albania se sigue enfrentando a importantes obstáculos, entre ellos el último informe del Tribunal Supremo de Casación que considera el pacto, en principio, contrario a la Constitución, lo cual ha reabierto el enfrentamiento entre el poder judicial y el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni.
El acuerdo para la «externalización» de la gestión del asilo, firmado el año pasado y modificado en repetidas ocasiones debido a varios bloqueos de la Justicia italiana, permite a Roma tramitar algunos expedientes en centros situados en territorio albanés.
La nueva polémica entre la Justicia y Roma se produce tras la publicación de un detallado análisis jurídico del Tribunal Supremo de Casación, que señala múltiples riesgos constitucionales y de procedimiento en la aplicación del protocolo.
Según el alto tribunal, el protocolo puede violar varios derechos fundamentales protegidos por la Constitución italiana, la legislación de la Unión Europea (UE) y los tratados internacionales.
El informe critica la vaga definición de a quién se aplica el acuerdo -se refiere simplemente a los «migrantes»- y advierte de la desigualdad de trato entre los tramitados en Italia y los trasladados al extranjero.
A pesar de su contundencia, el dictamen del Tribunal Supremo no tiene peso jurídico vinculante. La presidenta del Tribunal, Margherita Cassano, subrayó el lunes que el informe no interfiere en la formulación de políticas.
«No hay extralimitación», declaró al Corriere della Sera, al tiempo que describió el análisis como una herramienta técnica para los jueces. «Estos informes no son vinculantes y no conllevan consecuencias automáticas», agregó.
A pesar de ello, el documento podría servir de orientación para los tribunales menores a la hora de evaluar la legalidad de las detenciones y deportaciones en virtud del acuerdo.
También incluye cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con lo cual abre un nuevo frente en la batalla legal sobre la «externalización» de la gestión migratoria.
En ese sentido, el ministro italiano de Asuntos Europeos, Tommaso Foti aseguró el lunes que el gobierno seguirá adelante con su política migratoria, al tiempo que denunció lo que calificó de «obstruccionismo» por parte del poder judicial.
«Mientras que la línea política del gobierno de Meloni sobre inmigración irregular es adoptada como modelo en Europa, algunos órganos judiciales en Italia parecen más centrados en socavarlo», agregó.
Por su parte, el líder de Forza Italia (PPE) en el Senado, Maurizio Gasparri, fue más allá y denunció que el departamento responsable del informe en el Tribunal de Casación fue «tomado por activistas de extrema izquierda (…)».
En su dictamen, el alto tribunal destacó la falta de garantías procesales para los solicitantes de asilo, y subrayó que el protocolo no proporciona un marco jurídico claro que proteja los derechos fundamentales en un contexto extraterritorial.
Uno de los principales motivos de inquietud para el Tribunal es que, en virtud del acuerdo, la detención no se considera el último recurso, como exige la legislación de la UE, sino que parece ser la opción por defecto.
Además, el alto tribunal advirtió del riesgo de detenciones ilegales.
Dado que el protocolo no permite poner en libertad a los migrantes en Albania, las personas cuya orden de detención haya expirado tendrían que ser trasladadas de nuevo a Italia, un proceso que, debido a los retrasos logísticos, podría dar lugar a horas o incluso días de detención «ilegal».
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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