Varsovia (Euractiv.pl/.es) – Un 40% de polacos considera posible que las recientes elecciones presidenciales estuvieran amañadas, según una encuesta de SW Research para el periódico Rzeczpospolita.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se llevó a cabo el 1 de junio. El ganador fue Karol Nawrocki, jefe del Instituto del Recuerdo Nacional (IPN), con el apoyo del partido conservador Ley y Justicia (PiS/ECR), que obtuvo el 50,89% de los votos.
Su rival, el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, de la Plataforma Cívica (PO, PPE), el partido del primer ministro, Donald Tusk, obtuvo el 49,11%.
Tras el anuncio de los resultados, surgieron dudas por supuestas irregularidades en algunos colegios electorales.
Los observadores señalaron casos en los que uno de los candidatos en la segunda vuelta no recibió prácticamente ningún voto adicional en comparación con la primera ronda, o incluso menos.
Estas situaciones despertaron sospechas sobre la exactitud de los resultados comunicados.
Ello ha provocado una disputa entre la coalición gobernante, que pide un recuento de votos, y el PiS, que no lo cree necesario.
Dos semanas después de que se anunciaran los resultados, se presentaron decenas de miles de reclamaciones.
«Sólo un examen exhaustivo de todas las irregularidades permitirá garantizar que no afectaron al resultado (electoral)», comentó Tusk la semana pasada al margen de la cumbre de Bruselas.
«¿Cree que es posible que las elecciones presidenciales de este año en Polonia estuvieran amañadas?», se preguntó a los participantes en la encuesta. Un 40,1% de los encuestados respondió afirmativamente.
Mientras, el 45,3% rechazó la posibilidad de fraude electoral, y el 14,6% se mostró indeciso.
La división refleja la profunda polarización de Polonia, que también quedó patente en el estrechísimo margen de la votación presidencial.
A la controversia relacionada con las elecciones se suman las dudas sobre la imparcialidad de la sala del Tribunal Supremo encargada de revisar las reclamaciones electorales.
La mayoría de sus jueces fueron nombrados durante el gobierno del PiS antes de 2023, lo que suscitó la preocupación de la Comisión Europea por el estado de derecho en el país del Este.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que esa sala no se debe considerar un tribunal, según la legislación comunitaria.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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