Los gobiernos de la UE respaldan ampliar las exenciones de las normas de sostenibilidad empresarial

Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los países miembros de la Unión Europea (UE) han acordado este martes debilitar aún más las normas de sostenibilidad empresarial y de la cadena de suministro respecto a la propuesta original de la Comisión Europea.

En virtud del mandato de negociación del Consejo de la UE, los gobiernos acordaron que la Directiva sobre Sostenibilidad Empresarial y Diligencia Debida (CSDDD) se aplicaría únicamente a las empresas con 5.000 o más empleados y un volumen de negocios anual de al menos 1.500 millones de euros.

La decisión supone un fuerte aumento respecto a la propuesta original de la Comisión de 1.000 empleados y 450 millones de euros de volumen de negocios.

Por otro lado, los gobiernos de los socios comunitarios han solicitado un año extra de tiempo para transponer las normas a la legislación nacional, ampliando el plazo hasta el 26 de julio de 2028.

«Este es un día aciago para las personas que se encuentran en primera línea de la crisis climática: las que se ven amenazadas por inundaciones y sequías, y las que ven sus vidas y medios de subsistencia destruidos por grandes industrias como la minería, que pueden operar con impunidad», comentó este martes Beate Beller, de la ONG Global Witness.

En relación con la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que obliga a las empresas a informar sobre su impacto ambiental y social, los gobiernos respaldaron el umbral de 1.000 empleados.

Sin embargo, también apoyaron un umbral de facturación de al menos 450 millones de euros, que excluiría a más empresas de los requisitos de información.

Además, aunque las empresas seguirían estando obligadas a preparar planes de transición para mitigar el cambio climático, los gobiernos han acordado que no deberían estar legalmente obligadas a aplicar esos planes.

Según Thibault Girardot, responsable de políticas de finanzas sostenibles en Bruselas de la ONG ecologista WWF,  ello «traiciona a las muchas empresas de la UE que han invertido en el cumplimiento de la normativa, han desarrollado planes de transición creíbles y ahora se enfrentan a una competencia desleal en un mercado distorsionado».

«Disfrazando sus acciones de ‘simplificación’, el Consejo ha optado por dar prioridad a los beneficios a corto plazo frente a medidas significativas para la resiliencia económica y climática a largo plazo», añadió, en referencia al término preferido por la Comisión Europea para su agenda de desregulación (o simplificación burocrática).

Las negociaciones finales entre el Consejo y el Parlamento Europeo comenzarán una vez que los eurodiputados adopten su posición sobre la propuesta, a finales de año.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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