Roma (Euractiv.it/.es) – El Senado italiano aprobó el miércoles, tras una tensa sesión, un controvertido Decreto de Seguridad que se enfrenta a las críticas de las instituciones europeas y de la ONU por el riesgo de que la medida choque contra las normas internacionales de derechos humanos.
La sesión del miércoles estuvo marcada por las protestas de la oposición, por uno de los elementos más delicados del texto, la criminalización de la resistencia pasiva, uno de los elementos más polémicos del proyecto de ley.
A partir de ahora, acciones que se consideraban no violentas -como negarse a comer o permanecer sentado durante un motín en una cárcel- podrán ser castigadas.
El decreto penaliza también algunos actos de desobediencia civil, entre ellas el bloqueo de carreteras o vías férreas, con penas de hasta un mes de prisión y multas individuales de 300, o de hasta seis años de cárcel en caso de grupos violentos.
Para mostrar su rechazo, varios senadores protagonizaron una sentada frente a la bancada de los partidos del gobierno, y gritaron «vergüenza, vergüenza» durante la votación de la medida.
La ley introduce un paquete de medidas destinadas a reforzar la seguridad pública, proteger a las fuerzas del orden y reprimir el terrorismo, la delincuencia organizada, la ocupación ilegal de propiedades y los desórdenes públicos.
La primera ministra, Giorgia Meloni (Fratelli d´Italia/ECR), calificó la votación de «un paso decisivo» para proteger a los ciudadanos y a las fuerzas del orden.
«Con la aprobación definitiva del Decreto de Seguridad en el Senado, el Gobierno refuerza la protección de los ciudadanos, de los más vulnerables y de nuestras fuerzas del orden», escribió Meloni en redes sociales.
No obstante, numerosos organismos internacionales han expresado su gran inquietud.
Los relatores especiales de la ONU, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa han advertido de que las medidas podrían vulnerar la legislación internacional sobre derechos humanos, socavar los principios fundamentales de la justicia penal y el Estado de derecho y afectar de forma desproporcionada a grupos como los migrantes, las minorías raciales y los presos.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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