Bruselas (Euractiv.es) – El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE) ha pospuesto este miércoles su esperada decisión sobre el reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales del bloque comunitario, por falta de apoyo de varios Estados miembro, lo cual dará más tiempo a Madrid para ajustar su propuesta, una de las exigencias de los separatistas catalanes para mantener su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.
Finlandia, Suecia, Croacia y Austria han sido desde un principio muy reticentes con la petición de España de hacer oficiales esas tres lenguas.
Hace dos años Madrid presentó la propuesta –una de las exigencias de Junts per Catalunya (JxCat) para apoyar a Sánchez- para modificar el reglamento lingüístico de la Unión Europea, lo cual requiere el apoyo unánime de los 27 socios.
Las reticencias de esos socios del bloque desembocaron este martes en la decisión de posponer la votación para dar más tiempo a España de modificar la propuesta.
El uso del catalán, el euskera y el gallego “se rige por acuerdos administrativos entre España e instituciones y órganos consultivos concretos de la UE,” según se afirma en el reglamento del Consejo, lo cual implica que sí se pueden utilizar esos idiomas en las instituciones europeas, pero con la previa aprobación de los organismos competentes, en ocasiones específicas.
A medida que se acercaba la fecha de la votación de este martes, Madrid se ha lanzado a la ofensiva, presionando al más alto nivel en las capitales europeas, según informó un alto diplomático de la UE.
Estados miembro críticos con la propuesta han aludido en anteriores ocasiones a los obstáculos legales y económicos derivados del reconcomiendo de la oficialidad de esas lenguas.
Por un lado, a pesar de su amplia difusión, con más con 10 millones de hablantes totales en todo el territorio nacional, el catalán, el vasco y gallego no son lenguas oficiales en todo el territorio, sólo a escala autonómica.
El artículo 3 de la Constitución española establece “que el castellano es la lengua oficial del Estado”.
Por otro lado, el coste económico derivado de la traducción de toda la legislación de la UE y la incorporación de intérpretes y traductores en las respectivas lenguas en todas las instituciones comunitarias (entre ellas, Comisión, Parlamento y Consejo) han preocupado a varios miembros del bloque desde el primer momento.
En ese sentido, para intentar aplacar esas reticencias, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, reiteró durante la primera reunión del Consejo para abordar el tema en septiembre de 2023 que España correría con todos los gastos derivados del proceso, estimados en 132 millones de euros anuales según un informe preliminar de la Comisión citado por los medios españoles.
Asimismo, el temor a un “efecto dominó” no ha pasado desapercibido en Europa. Persisten las dudas de que este reconocimiento siente un precedente en territorios con minorías lingüísticas, como es el caso de las poblaciones ruso-parlantes de los países bálticos.
La oficialidad del catalán era una de las principales condiciones sine qua non impuestas por JxCat –además de una polémica ley de Amnistía– para garantizar el apoyo de sus siete diputados en Madrid, que permitieron investir a Pedro Sánchez en 2023 como jefe del ejecutivo.
A esa exigencia de la formación separatista catalana de derechas, se sumaron su rival de izquierdas (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) y también los dos principales partidos nacionalistas vascos y gallegos – el nacionalista moderado PNV y el separatista EH Bildu-, que pidieron la oficialidad del euskera en las instituciones de la UE, además del Bloque Nacionalista Galego (BNG).
El estatus de oficialidad de esas lenguas en España se aprobó en 2023 en el Congreso de los Diputados, tras una modificación del Reglamento de la Cámara, que autorizó “el uso de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma.”
El paso siguiente, era garantizar la oficialidad del catalán como la “lengua oficial número 25” de la UE, lo que ha generado un quebradero de cabezas para Sánchez y Albares por la falta de apoyo unánime del resto de socios comunitarios.
Albares ha subrayado este martes en rueda de prensa en Madrid que la oficialidad de esas lenguas es “un asunto de identidad nacional española, “y como tal la Unión Europea debe proteger la identidad nacional de todos los Estados miembro”.
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(Editado por Fernando Heller/Euractiv.es)
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