Bruselas (Euractiv.com/.es) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen se enfrenta este miércoles por la mañana al veredicto sobre el escándalo del «Pfizergate» , y sea cual sea el resultado, lo más probable es que salga relativamente indemne.
Cuatro años después de que intercambiara mensajes de texto con el jefe del gigante farmacéutico Pfizer, el Tribunal General de la UE dictará sentencia sobre si la Comisión Europea, a través de su presidenta, violó las normas de transparencia al negarse a hacer públicos esos SMS.
El periódico The New York Times presentó una denuncia contra la Comisión en 2023, después de que el ejecutivo de Bruselas se negara a revelar el contenido de los mensajes que Von der Leyen intercambió con el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla.
El medio estadounidense había revelado los mensajes en una entrevista con Bourla en 2021.
En aquel momento, ambos negociaban un contrato de 35.000 millones de euros para el suministro de 900 millones de vacunas contra la COVID-19, con opción a 900 millones más.
El Ejecutivo comunitario mantuvo durante mucho tiempo la ambigüedad sobre la existencia de los mensajes.
Pero el pasado noviembre, el abogado que defiende a Bruselas, Paolo Stancanelli, reconoció que los intercambios entre Von der Leyen y Bourla se produjeron a través de canales privados.
El tribunal podría ahora ordenar a la Comisión que desvele lo que se dijo en esos mensajes.
La posición de la Comisión es que, si los mensajes de texto hubieran contenido información importante directamente relacionada con la negociación de los contratos, se habrían archivado y conservado.
A la pregunta sobre si los mensajes siguen existiendo o si se han borrado, la Comisión Europea asegura que no está en condiciones de responder.
En su defensa, también invoca el carácter efímero de los mensajes de texto para explicar que no entran en el ámbito de aplicación de las normas de transparencia de la UE.
«Las normas internas de la Comisión sólo prevén el registro y posterior archivo de las comunicaciones de contenido sustancial. En concreto, no se registran las comunicaciones de carácter efímero», aclaró un funcionario de Bruselas.
Otra fuente de Bruselas atribuyó en parte la necesidad de los mensajes a la diferencia horaria de seis horas entre Nueva York, donde Bourla tiene su sede, y Bruselas, por lo cual «tenían que fijar una franja horaria» para sus conversaciones de texto.
Está por ver si estos argumentos convencen a los jueces de la buena fe de la Comisión.
El juez José Martín y Pérez de Nanclares consideró en 2024 que la Comisión no tomó las medidas «adecuadas y diligentes» para justificar su negativa a dar a conocer el contenido de los mensajes.
Su compañero Paul Nihoul calificó el expediente de «relativamente confuso».
A la espera del veredicto, varias ONG y eurodiputados ya se han pronunciado.
«Esos mensajes se tendrían que haber publicado hace mucho tiempo. Cuando las decisiones afectan a la salud de millones de personas, el secretismo no puede prevalecer«, comentó Shari Hinds, responsable de integridad política de la UE en la ONG Transparencia Internacional.
«En términos más generales -y cruciales- los grandes acuerdos públicos no se deben hacer a través de mensajes privados, sino mediante procesos oficiales que garanticen la responsabilidad democrática», añadió.
Varios grupos políticos del Parlamento Europeo -entre ellos el socialista S&D, los Verdes y una parte de Renovar Europa– pidieron a la Comisión que hiciera públicos los mensajes cuando se destapó el caso.
«La transparencia no es un lujo, es una obligación democrática. Cuando la Comisión Europea, bajo el mandato de Ursula von der Leyen, se niega a hacer públicos los mensajes de texto o redacta en gran medida los contratos de vacunas, envía un mensaje peligroso: que el secreto empresarial puede prevalecer sobre el interés público», comentó la eurodiputada de Los Verdes Tilly Metz.
Von der Leyen no es ajena a las críticas de eurodiputados y ONG, pero apenas han hecho mella en su consolidado poder al frente de la Comisión.
Incluso con una sentencia en su contra, es probable que vuelva a eludir sus presuntas responsabilidades, si así se determina.
La decisión podría ser un regalo político inesperado para los partidos de extrema derecha en el Parlamento Europeo, que suelen aprovechar los escándalos de Bruselas en sus campañas nacionales.
«Es innegable que la contundente negativa de la Comisión a publicar esos mensajes a lo largo de los años ha dado desgraciadamente espacio para que las voces críticas utilicen este asunto en su beneficio», comenta Hinds.
«Sea cual sea el resultado, por supuesto, la extrema derecha utilizará esta decisión para sus propios intereses», comentó otra fuente del grupo de los Verdes.
La sentencia, que la Comisión puede recurrir, irá acompañada de veredictos en otros dos casos de acceso a documentos, interpuestos por ONG.
En diciembre pasado, la Comisión modificó discretamente sus prácticas internas en materia de acceso a los documentos, excluyendo por defecto el registro de determinadas categorías de documentos en sus archivos, entre ellos los mensajes instantáneos.
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(Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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