Bruselas (Euractiv,com/.es) – Cinco grupos ecologistas han intensificado su lucha contra la «pesca destructiva» en las zonas marinas protegidas (ZMP), y han instado a la Comisión Europea a incoar procedimientos de infracción contra tres Estados miembros del bloque comunitario.
Una coalición de ONG, entre ellas ClientEarth y la Fundación para la Justicia Medioambiental, ha presentado una denuncia ante el ejecutivo de la UE, en el cual acusan a Francia, Alemania e Italia de no proteger los ecosistemas marinos vulnerables.
En un plan de acción de la UE no vinculante publicado en 2023, la Comisión estableció su ambición de eliminar gradualmente la pesca de arrastre de fondo en todas las zonas marinas protegidas para 2030.
Las AMP «se supone que son refugios seguros para la vida salvaje», afirman las ONG en un comunicado de prensa, en el cual argumentan que esos países permiten la pesca de arrastre de fondo en gran parte -o incluso en la mayoría- de los lugares protegidos.
Los Estados miembros designan las AMP -que forman parte de la red Natura 2000 establecida en virtud de las Directivas sobre aves y hábitats de la UE- para proteger los ecosistemas de una amplia gama de presiones, como la pesca, pero también la minería, la extracción de petróleo y gas, así como el transporte marítimo.
Pero a medida que se acerca la fecha límite de 2030, las ONG afirman que los Estados miembros no están cumpliendo sus promesas.
Su mensaje a la Comisión es claro: «Pongan en marcha procedimientos de infracción, hagan cumplir la legislación de la UE y conviertan el Pacto por los Océanos en algo más que palabras», afirman, en referencia a la iniciativa emblemática que se prevé Bruselas presente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebrará en Niza en junio.
Mientras tanto, la industria pesquera insiste en que la moderna pesca de arrastre de fondo no merece ser presentada como intrínsecamente destructiva.
«Estas ONG abogan por prohibir totalmente las artes de arrastre de fondo, ignorando las pruebas científicas y las consecuencias socioeconómicas para las comunidades costeras», explica a Euractiv Iván López van der Veen, de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA).
El Comisario de Pesca, Costas Kadis, parece estar de acuerdo.
En un acto organizado por Politico el mes pasado, Kadis afirmó que la pesca de fondo en las AMP se debe evaluar «caso por caso» y sólo prohibirse si la evaluación demuestra un impacto negativo en los ecosistemas.
Hay mucho en juego, como pone de manifiesto el enfrentamiento entre la EBFA y las ONG.
En ese sentido, se prevé que la Comisión Europea responda a estas últimas en el plazo de un año, bien incoando un procedimiento de infracción, bien desestimando el caso.
Aunque esta denuncia se centra en Francia, Alemania e Italia, los demandantes también tienen en el punto de mira a otros Estados miembros, entre ellos Países Bajos.
En enero pasado, ClientEarth y otros grupos emprendieron acciones legales contra el Estado neerlandés por la pesca de arrastre de fondo en la ZMP del Banco Dogger.
La cuestión también es crucial en España, cuyo gobierno está a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre su recurso contra una ley de 2022 que prohíbe la pesca de altura en ecosistemas marinos vulnerables.
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(Editado por ADM/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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