La noticia saltó a los titulares en Irlanda la semana pasada: un agricultor de patatas de la zona de Dublín dejó una herencia de 95 millones de euros a sus familiares, la mayor parte procedente de la venta de un terreno para que se construyera en él un centro comercial.
El caso no es aislado. La apropiación de terrenos agrícolas para otras actividades se puede observar en otros lugares de Europa.
El pasado mes de febrero, el Comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen, aseguró que el hecho de que agentes económicos que no son agricultores -entre ellos supermercados, inversores extranjeros y fondos de inversión- estén comprando tierras agrícolas está presionando al alza los precios y dificultando el acceso de los agricultores, sobre todo los más jóvenes, a la propiedad de la tierra.
Pero no es un fenómeno nuevo: en 2011, la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos alertaba sobre la ocupación de terrenos naturales y agrícolas por edificios e infraestructuras, un proceso conocido como sellado del suelo.
Un análisis de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) expuso en 2022 que más de 97.700 km2 de suelo en la UE se convirtieron en superficies impermeables.
Desde 2023, el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) viene dando la voz de alarma sobre «el rápido ritmo» de la artificialización (o sellado) del suelo, que, según afirma, está «socavando la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas.»
La semana pasada, el Parlamento y el Consejo europeos alcanzaron un acuerdo provisional sobre una nueva directiva de control del suelo, comprometiéndose a que «no se produzca una ocupación neta de tierras para 2050».
Para el CEJA, sin embargo, se trata sólo de una declaración de principios, sin «ninguna vía concreta» para alcanzar el objetivo, un «fracaso», en opinión de los jóvenes agricultores, «que se debe abordar a través del próximo proyecto piloto del Observatorio de la Tierra de la UE».
Tal como anunció en su visión de la agricultura, la Comisión Europea está preparando un Observatorio de la Tierra de la UE para supervisar el acceso a la tierra, centrándose en los precios y la concentración de la tierra.
En un seminario con representantes de los agricultores y los Estados miembros celebrado en Bruselas el pasado 10 de abril, la Comisión Europea anunció la asignación de un millón de euros para la fase piloto del proyecto.
En ese sentido, el Secretario General de la Organización Europea de Propietarios de Tierras (ELO), Jürgen Tack, consideró, en declaraciones a Euractiv. que la iniciativa podría resultar útil.
No obstante, también hizo hincapié en el reto que supone la recopilación de datos para agricultores y propietarios.
«Tenemos que garantizar a los agricultores que los datos serán agregados y no se utilizarán en su contra», subrayó.
Para Tack no se trata tanto de identificar a los propietarios de las tierras como de evitar que se «retiren de la agricultura» más tierras y que disminuya la calidad del suelo.
En este sentido, el punto más crítico es la división entre la propiedad y el alquiler de las tierras agrícolas.
«Cuando posees tu tierra, se convierte en tu capital; te anima a invertir en su calidad a largo plazo. Pero cuando la alquilas, se convierte en una mercancía, pierdes interés en su calidad a largo plazo», subraya.
En opinión de Tack, la solución pasaría por aumentar el tamaño de las explotaciones. «Con la transición medioambiental y las innovaciones necesarias, tenemos que aceptar que las explotaciones deben ser más grandes para que las inversiones sean rentables», argumenta.
En ese sentido, insta a la UE a fomentar esa tendencia y a dejar de dar prioridad a la asignación de fondos de la Política Agrícola Común (PAC) a «quienes más lo necesitan», como se afirma en el programa de Bruselas para la agricultura, y canalizarlos en su lugar a «quienes más lo merecen».
«El dinero debe ir de manera prioritaria a quienes cumplan en productividad y sostenibilidad», explica.
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(Editado por ADM/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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