Bruselas (Euractiv.com/.es) – Millones de refugiados ucranianos en la Unión Europea (UE) podrían ver peligrar su situación legal, sin que exista aún un plan concreto que les permita permanecer en el bloque comunitario tras el alto el fuego con Rusia.
Desde la invasión rusa en febrero de 2022, la Directiva de Protección Temporal (DPT) de la UE ha sido un salvavidas legal para casi 4,3 millones de ucranianos.
Permite a los países de la UE conceder a los ucranianos el derecho a vivir, trabajar y acceder a servicios, y la mayoría se instala en Polonia, Alemania, Chequia y Eslovaquia.
Pero al tiempo que se prolongan las negociaciones para un alto el fuego estable, esta red de seguridad podría desaparecer.
Encuestas recientes indican que el número de refugiados que desean regresar a Ucrania está disminuyendo. Los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) muestran un descenso del 65% en 2024 frente al 77% del año anterior.
La proporción de indecisos aumentó del 18% al 24% en 2024, y el número de los que dicen que no tienen esperanzas de regresar se ha más que duplicado, del 5% al 11%.
Un alto el fuego podría dar la vuelta al guión de la noche a la mañana y dejar a los países de acogida la decisión de reducir su red de protección, impulsar la integración o empujar a los refugiados de vuelta a casa.
En un bloque a menudo paralizado por los debates migratorios, cualquier acción a nivel de la UE para ampliar de nuevo la protección temporal será probablemente tensa.
La DPT, conocida como la «bella durmiente» del sistema de asilo de la UE, no se ha utilizado desde que fue adoptada en 2001, hasta que la invasión rusa de Ucrania cambio la situación.
El año pasado, los gobiernos de la UE acordaron prorrogar la DPT hasta marzo de 2026, superando con creces su marco inicial, que permitía un período de protección de dos años con una posible prórroga de un año. Las prolongaciones se realizan de manera anual.
No obstante, podría haber «nuevas prórrogas», según explica Jasmijn Slootjes, director adjunto del «think tank» Migration Policy Institute Europe.
Sin embargo, aunque la directiva ha ofrecido una protección rápida, su carácter temporal crea inconvenientes para los ucranianos.
«Si sólo tienes un estatus legal de un año, conseguir un contrato de alquiler a largo plazo es muy difícil», comenta Slootjes. «No es tan probable que los empleadores te ofrezcan un contrato», agrega.
Los niveles de protección también varían según el país. Cada socio de la UE interpreta una directiva de forma levemente distinta en su legislación nacional, lo cual se traduce en que los ucranianos reciben un trato diferente según dónde se instalen.
La Comisión Europea ha empezado a estudiar los próximos pasos para intentar mitigar la situación, entre ellos «ampliar o no» la protección temporal, ayudar a las personas a cambiar de estatuto nacional por motivos de trabajo, estudios o reagrupación familiar, y apoyar a quienes decidan regresar a Ucrania.
En ese sentido, el ministro checo del Interior, Vít Rakušan, ha confirmado que su país, junto con Alemania y Bruselas, participa activamente en la elaboración de una respuesta conjunta en el marco de la Presidencia polaca del Consejo de la UE.
«Pero las condiciones concretas aún están por negociar», comentó.
Según ha podido saber Euractiv, el Consejo abordará esta cuestión en su reunión de ministros de Interior en junio próximo.
Cualquier decisión para acabar con la protección temporal necesitará el acuerdo de todos los Estados miembros,confirmó la portavoz del Ministerio del Interior checo, Hana Malá, al tiempo que añadió que confía en que se alcance una posición común en la UE en el primer semestre de este año.
Pero algunos países del bloque comunitario no esperan a Bruselas y ya han tomado medidas para encontrar «un estatuto regular a más largo plazo», comenta Slootjes.
Polonia ofrecerá en breve el estatuto nacional de residencia temporal de tres años a los ucranianos que hayan tenido protección temporal ininterrumpida durante al menos un año.
En Chequia se aprobará un nuevo permiso de residencia especial de cinco años para los ucranianos que lleven viviendo allí más de dos años y tengan trabajo, con asistencia obligatoria a la escuela para sus hijos.
Pero Praga ha dejado claro que no expedirá nuevas protecciones temporales «una vez que la guerra haya terminado», según declaró el ministro del Interior en X.
Otras capitales europeas también están elaborando planes nacionales. Austria, Italia, Estonia y Letonia proponen soluciones a largo plazo, con distintos niveles de protección.
Por su parte, fuentes del Ministerio alemán del Interior aseguran que cuentan con opciones alternativas, pero que corresponde al próximo gobierno de coalición -del futuro canciller Friedrich Merz (CDU/PPE) y de los socialdemócratas del SPD (S&D)- decidir qué propuestas se presentarán realmente sobre esta cuestión».
Por su parte, fuentes del ministerio eslovaco del Interior aseguran que las nuevas medidas relativas a los desplazados tras el fin de la invasión rusa «se están debatiendo actualmente a nivel de los Estados miembros, incluida Eslovaquia, así como a nivel de la UE».
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Han colaborado en este artículo: Aneta Zachová (Euractiv.cz), Aleksandra Krzysztoszek (Euractiv.pl), Nick Alipour (Euractiv.de) y Natália Silenská (Euractiv.sk).
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(Editado por Martina Monti/Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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