Bruselas (Euractiv.com/.es) – La posibilidad de que la Unión Europea (UE) pueda utilizar una parte de los fondos de desarrollo regional y de cohesión para reforzar al sector de la defensa y a las grandes empresas ha recibido un aluvión de críticas por parte de expertos, eurodiputados de izquierdas y grupos de presión que representan a las PYME europeas.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un plan para trasvasar o redirigir 392.000 millones de euros de los fondos de desarrollo regional, en el marco de la política de cohesión, a las grandes empresas y a la industria europea de defensa, ante el nuevo contexto geopolítico internacional.
Las directrices de financiación de los fondos regionales se diseñaron antes de la pandemia, pero «el mundo ha cambiado significativamente», comentó este miércoles el Comisario de Cohesión, Raffaele Fitto, al tiempo que añadió que la UE se enfrenta a «retos nuevos y más intensos» que van desde la escasez de agua a la defensa y la competitividad.

Bruselas destinará 392.000 millones de euros a impulsar la defensa en las regiones menos desarrolladas
Según el texto de Bruselas, una parte sustancial de los fondos se destinará al sector de la defensa «sin restricciones geográficas ni por el tamaño de la empresa».
La propuesta de Bruselas es que los socios de la UE puedan trasvasar los aproximadamente 392.000 millones de euros de financiación vinculados al programa de política de cohesión 2021-2027 para afrontar mejor los nuevos retos, entre ellos la amenaza rusa, el refuerzo a la seguridad de la UE y el desafío de la competitividad.
Con unas condiciones de financiación más generosas, Bruselas confía en aportar una financiación inicial de 16.100 millones de euros para este tipo de proyectos.
Sin embargo, los eurodiputados y los países de la UE tienen que ponerse de acuerdo para permitir los cambios.
Y ya se oyen las primeras voces críticas.
«El Comisario y político nacionalista de derechas Raffaele Fitto… utiliza una peligrosa narrativa que equivale a una malversación de los fondos de cohesión», comentó este miércoles la eurodiputada del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) Sabrina Repp.

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La presión para reorientar los fondos de cohesión al sector de la defensa y las grandes empresas es un «hecho preocupante», aseguró Li Andersson, eurodiputada finlandesa de la Alianza de la Izquierda, y quien preside la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.
El Comité Europeo de las Regiones (CdR) tiene una opinión similar y teme que la política de cohesión se convierta en «un simple fondo ambulancia utilizado para parchear los efectos secundarios del cambio de prioridades», según ha asegurado su presidenta, Kata Tüttő.
En 2022, según recordó, los fondos se desviaron para acoger a refugiados ucranianos.
El plan de Bruselas «es el pegamento a largo plazo que mantiene unida a la UE», añadió.
Andersson lamentó que «no se preste suficiente atención» a la «cohesión social como parte de la reflexión sobre seguridad».
A pesar de la atención que se presta a las grandes empresas del sector de la defensa y otros sectores electro-intensivos, las PYME aún no han perdido la esperanza.
«Hay que ser conscientes» de que las empresas más pequeñas son actores clave en las nuevas áreas prioritarias, aseguran fuentes del grupo de presión SMEunited, al tiempo que añaden que son «cruciales para las zonas rurales», donde los fondos de cohesión desempeñan un papel esencial.

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Los expertos se muestran escépticos
«La Comisión Europea está pasando la pelota a los países de la UE», explica Thomas Schwab, experto de la fundación berlinesa Bertelsman, al tiempo que añade que las capitales nacionales tendrán la dura tarea de «comunicar esto a sus regiones y otras partes interesadas».
Y aunque «alinear la política de cohesión con los objetivos estratégicos de la UE tiene lógica», el presupuesto del plan, de «sólo el 0,3% del PIB de la UE», es insuficiente «especialmente en ámbitos como la defensa o la política industrial», donde se necesita mucho dinero, subraya.
Por su parte, Friedrich Heinemann, profesor del Centro Leibniz de Investigación Económica Europea (ZEW), considera la propuesta «ambivalente», dado que las regiones pueden absorber fácilmente la pérdida de financiación debida al solapamiento con los fondos de recuperación post COVID-19.
«Por otro lado, esta reasignación es delicada desde el punto de vista jurídico y político», añade.
«La política de cohesión se define en los Tratados de la UE como una política basada en el lugar y dirigida a las regiones. Utilizar el dinero de una forma completamente distinta da ahora la impresión de arbitrariedad», agrega.

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[Editado por AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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