Bruselas (Euractiv.com/.es) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha esbozado en una carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) el plan de Bruselas para su nueva política migratoria que contempla, entre otras medidas, reforzar para 2026 el papel de la agencia europea de control de fronteras (FRONTEX) y potenciar su papel en las repatriaciones.
A dos días del Consejo Europeo de este jueves –y probablemente viernes- en Bruselas, centrado en el presupuesto plurianual del bloque, y en asuntos de seguridad y defensa, Von der Leyen esboza las grandes líneas de la nueva hoja de ruta del ejecutivo comunitario en la materia.
La misiva se da a conocer una semana después de la presentación de las polémicas nuevas directrices de la UE en materia de “retorno” de inmigrantes, o, en palabras de algunas ONG, de “deportaciones” de potenciales solicitantes de asilo (siguiendo el “modelo ítalo-albanés” de externalización).
Además de la reforma de FRONTEX, la alemana (CDU/PPE) apunta a acelerar la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la UE.
En relación con Frontex, la carta fija 2026 como fecha para la anunciada revisión del mandato de la agencia de fronteras de la UE, y señala que se le otorgarán competencias para organizar operaciones de retorno directamente con terceros países, y que se ampliará su papel en la prevención de la migración ilegal.
Bruselas confirma también que la segunda fase de su estrategia de retorno, centrada en una propuesta para digitalizar la gestión de los casos, se presentará en el segundo semestre de este año.
Frontex y Bruselas evaluarán antes de final de este año de qué manera se puede reforzar el “componente de retorno” del Cuerpo Permanente -los funcionarios permanentes de Frontex- con el objetivo de ampliar las competencias de la agencia para las expulsiones, según un anexo de la carta.
En el marco de una estrategia más ambiciosa, Bruselas anunció el año pasado planes para triplicar el Cuerpo Permanente y superar el objetivo de 10.000 funcionarios fijado en el Reglamento Frontex de 2019 para 2027.
Frontex fue creada en 2004 en respuesta a los crecientes retos de la gestión de las fronteras exteriores de la UE. El presupuesto de la agencia ha pasado de 143 millones de euros en 2015 a 922 millones en 2024.
El objetivo de reforzar sus capacidades quedó patente cuando la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo aprobó en enero un presupuesto de 250 millones de euros para la nueva sede de Frontex en Varsovia.
En la carta de Von der Leyen, que destaca los esfuerzos en curso para reforzar las asociaciones con terceros países, Bruselas reafirma su objetivo de impulsar la aplicación de aspectos clave del Pacto sobre Migración, cuya entrada en vigor está prevista para mediados de 2026, aunque España apostaba por adelantar la fecha a este año.
Tal como anunció el Comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, la espina dorsal de la nueva estrategia migratoria de Bruselas pasará, entre otros elementos, por la confección de una lista de «países de origen seguros» para toda la UE.
El ejecutivo comunitario confía presentarla en las próximas semanas, aunque no será un documento cerrado, pues podrá ampliarse o revisarse con el tiempo.
La designación formal de “países de origen seguros” aceleraría probablemente la tramitación de las solicitudes de asilo y ampliaría la lista de países a los que la UE podría “devolver” (“expulsar”) a los inmigrantes por considerarlos –oficialmente- seguros.
El concepto no es totalmente nuevo. Fue propuesto por primera vez por el expresidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker durante la grave crisis migratoria de 2015, aunque es muy controvertido en algunos países.
La lista de países seguros que maneja Italia, por ejemplo, está en estos momentos ante los tribunales en el contexto de un litigio con el gobierno conservador (Fratelli d’Italia/ECR, Forza Italia/PPE y los “ultra” de La Liga/PfE) sobre el polémico “pacto ítalo-albanés”.
Según fuentes consultadas por Euractiv, la lista de la UE podría publicarse antes del 16 de abril, posiblemente coincidiendo con la revisión del concepto de «tercer país seguro» (TPS) con arreglo a las disposiciones del nuevo Pacto Migratorio de la UE.
En virtud del nuevo Reglamento sobre procedimientos de asilo, la Comisión Europea también tiene el mandato de llevar a cabo una revisión del TPS antes del 12 de junio de 2025.
Tal como adelantó Euractiv, Bruselas ha consultado a los Estados miembros para adelantar la revisión a marzo en lugar de junio.
El concepto de TPS permite reubicar a los solicitantes de asilo en un país donde puedan recibir protección, en lugar de que permanezcan en el país donde presentaron la solicitud.
Según un documento al cual tuvo acceso Euractiv el mes pasado, la Comisión Europea está considerando eliminar o flexibilizar el «criterio de conexión» para devolver a los solicitantes de asilo bajo el concepto de tercer país seguro.
Sin embargo, los Estados miembros que aún no han presentado sus planes nacionales, esenciales para la rendición de cuentas y la clarificación de las medidas requeridas, están bajo presión. Por ello Von der Leyen les ha instado a completar ese proceso «lo antes posible.»
Aunque en principio tenían que presentarse en diciembre, muchos planes se presentaron con retraso.
Según fuentes de la UE, dos Estados miembros aún no han presentado sus planes, entre ellos Polonia, que rechaza el Pacto de Migración y Asilo.
La carta de Von der Leyen también anticipa más recursos de la UE para los socios del bloque: 3.000 millones de euros para la aplicación del Pacto de 2025 a 2027, incluida la ayuda a los Estados miembros que acojan a ucranianos bajo protección temporal (TPD).
La TDP, que se activó el 4 de marzo de 2022 y se prorrogó hasta el 4 de marzo de 2026, ofrece protección a los ucranianos que huyen de la guerra.
A falta de un año para que expire la medida, Bruselas está estudiando opciones, entre ellas una posible prórroga, una transición a la residencia nacional por motivos de trabajo o estudios, y el apoyo a los retornados a Ucrania.
La carta añade que se pondrán a disposición 1.600 millones de euros adicionales procedentes de la revisión intermedia de los programas de los Estados miembros para atender necesidades urgentes y complementar la financiación del Pacto de Migración y Asilo, lo cual requerirá ajustes en los presupuestos nacionales.
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[Editado por DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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