El TJUE recordó en su sentencia que no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho interno y señaló que corresponderá al Tribunal Supremo apreciar si las medidas previstas en la normativa nacional sancionan de forma debida la utilización abusiva de los contratos temporales sucesivos en el sector públicos y si permiten eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho comunitario.
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