Tras la denuncia de la organización Fondo Lobo, ambas formaciones llevaron esas matanzas autorizadas por el Gobierno de Cantabria al Parlamento Europeo y solicitaron la intervención de la Comisión Europea porque esa “mortalidad colateral” podría superar el cupo establecido en el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria y vulnerar la Directiva Hábitats y la normativa europea de conservación.
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