El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), en virtud del cual los operadores de fábricas y centrales eléctricas deben comprar derechos de emisión para verter CO₂ a la atmósfera, ha sido objeto de un intenso escrutinio mientras Europa busca formas de reforzar su competitividad industrial frente a EE. UU. y China, donde las empresas pagan poco o nada por sus emisiones.
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