¿Se deben prohibir o no las redes sociales a los menores?

Bruselas (Euractiv)- El anuncio la semana pasada por parte de la República Checa de que está considerando imponer restricciones a las redes sociales para los niños se suma a una lista cada vez mayor de países de la UE que impulsan medidas en esa línea a nivel nacional.

Sin embargo, la Comisión Europea se muestra cautelosa ante este impulso nacional, que se está extendiendo a ámbitos ya regulados por la legislación de la UE. Prueba de ello fue el anuncio este martes de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de debatir este verano una restricción de edad para las redes sociales en toda la UE.

La responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, ha dejado claro que el objetivo es garantizar un espacio online seguro, y no prohibir las redes sociales para los niños en toda la UE.

Prohibición frente a regulación

La mayoría de las capitales no persiguen prohibiciones totales, sino que esperan que la presión política a nivel nacional impulse la acción de la UE.

Francia es el país que más ha avanzado en este sentido y está en proceso de legislar una prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años; Macron espera que esta medida entre en vigor cuando comience el próximo curso académico en septiembre. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quiere prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Sin embargo, esto requerirá cambios legislativos que deben ser aprobados por el Parlamento español.

Los gobiernos de Austria, Italia, Grecia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Portugal están sopesando los límites de edad, la responsabilidad —como el enjuiciamiento de los ejecutivos de las empresas por las infracciones cometidas en sus plataformas— y sanciones más severas.

Pero, a pesar de estos esfuerzos a nivel nacional, la Comisión ha tenido mucho cuidado de marcar una línea divisoria. Si bien las plataformas deben cumplir con la legislación nacional francesa, Bruselas se muestra reacia a adoptar prohibiciones a nivel de la UE.

Esa distinción es intencionada, según Leanda Barrington-Leach, directora ejecutiva de la fundación 5Rights, una organización sin ánimo de lucro centrada en los derechos de los niños en Internet.

«La aplicación de la ley no es lo suficientemente rápida»

«Lo que se observa en los Estados miembros es frustración porque la aplicación de la ley no es lo suficientemente rápida», afirma, sugiriendo que las propuestas de «prohibición» a nivel nacional deben considerarse tácticas de presión más que objetivos políticos definitivos. El objetivo podría no ser la prohibición en cuestión, sino lograr una solución a escala de la UE en la que la responsabilidad recaiga en las empresas tecnológicas.

La ironía, añadió Barrington-Leach, es que la normativa de la UE sobre el comportamiento de las plataformas en línea, la Ley de Servicios Digitales (DSA), ya otorga a los reguladores de la UE cierto poder para hacerlo mediante medidas como el diseño acorde a la edad y los límites a la personalización.

Además, en julio de 2025, la Comisión publicó unas directrices de la DSA sobre la protección de los menores, en las que instaba a las plataformas a introducir la verificación de la edad (mediante comprobación o estimación), restricciones en la elaboración de perfiles de usuarios (para evitar que funciones como la publicidad dirigida se basen en datos específicos de los usuarios) y a replantearse el funcionamiento de los sistemas de recomendación (explicando claramente sus parámetros para clasificar los contenidos).      

«El problema no es la falta de herramientas», afirmó, «sino la falta de un uso visible de las mismas».

Menores en cuentas registradas por adultos

Las investigaciones independientes demuestran que las intervenciones basadas en el diseño son protecciones más eficaces que las prohibiciones generales, que a menudo empujan a los menores hacia cuentas registradas por adultos o cuentas ocultas, lo que hace que las medidas para protegerlos sean inútiles.

Esta lógica sustenta la posición de la fundación 5Rights , que advierte contra el traspaso de la responsabilidad a los niños o a los padres en lugar de a las empresas tecnológicas. «No se puede tener una ley que culpe a los niños por algo de lo que no son responsables», afirmó, insistiendo en que la responsabilidad debe recaer únicamente en las plataformas que ponen en peligro a los niños.

Un artículo sobre salud pública de 2026 encontró vínculos entre el uso de las redes sociales y los riesgos para la salud mental de los adolescentes, al tiempo que subrayaba que la causalidad es compleja y está determinada por el desarrollo y el entorno, y no solo por el tiempo que se pasa frente a la pantalla.

Amplificar la presión social y explotar las vulnerabilidades

Del mismo modo, el centro de investigación de la Comisión descubrió que los riesgos se derivan menos del tiempo que se pasa en línea que de la forma en que las plataformas amplifican la presión social y explotan las vulnerabilidades de los usuarios.

Sin embargo, la realidad es controvertida. Un informe publicado el mes pasado en Science reveló que casi un tercio de las investigaciones sobre las redes sociales —y su impacto en la sociedad, que incluye la salud mental de los adolescentes— tenían vínculos no explicitados con las empresas tecnológicas que gestionan estas plataformas.

«Hay pruebas abrumadoras de que [las redes sociales] están afectando negativamente a los niños», afirmó Barrington-Leach.Sin embargo, advirtió de que las investigaciones respaldadas por la industria pueden desplazar a los estudios independientes, lo que dificulta la evaluación de los riesgos por parte de los responsables políticos.

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(Editado por mm, ow/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)

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