¿Qué suponen la nuevas normas de asilo de la UE?

Bruselas (Euractiv)- Ha sido una semana intensa para la política migratoria de la UE. Los Gobiernos aprobaron su posición sobre tres expedientes migratorios clave, despejando el camino para la revisión más dura del sistema de asilo de la Unión en años. ¿Qué significan estos cambios?

Dinamarca, país que representa la línea dura en materia de migración y que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo, lleva meses acorralando a los gobiernos en torno a lo que el responsable de migración europeo, Magnus Brunner, calificó abiertamente de «cambio completo» del planteamiento migratorio de la UE.

En 2025, las propuestas migratorias de la Comisión buscan ejercer un control mucho mayor sobre quién entra en la Unión y acelerar la expulsión de quienes no cumplan los requisitos.

Gran parte de la negociación entre los gobiernos de la UE tuvo lugar en los ya habituales «desayunos migratorios«, las reuniones previas a la cumbre de la UE. A estas asisten habitualmente más de 15 países para debatir y marcar la pauta en materia de migración, todo ello bajo la atenta mirada de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Además de aprobar nuevas normas para el retorno de personas sin derecho legal a permanecer en la UE, los ministros también aprobaron una serie de ajustes de medidas ya acordadas en el pacto migratorio del año pasado.

Los Estados miembros deben aplicar las nuevas normas antes de junio de 2026 y el Consejo ha de llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo para ultimar el paquete. «Había una sensación de que teníamos que cumplir, nuestras democracias lo necesitan», dijo un diplomático de la UE.

Esto es lo que se acordó y lo que viene a continuación.

Nuevas normas de retorno

El Reglamento sobre retorno constituye el núcleo del paquete legislativo aprobado por los miembros de la UE.

Considerado la «asignatura pendiente» del pacto migratorio, permite la creación de «centros de retorno» en los países no comunitarios para trasladar a las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o que no tengan derecho legal a permanecer en la UE.

También introduce sanciones, como una detención más prolongada, para quienes se nieguen a abandonar el territorio de la UE cuando se les ordene hacerlo.

Los planes para el reconocimiento mutuo obligatorio de las decisiones de retorno -que permitiría a un país de la UE ejecutar la orden de deportación de otro- se diluyeron tras semanas de idas y venidas entre las capitales de la UE, ya que la idea resultó políticamente delicada para varios gobiernos.

Según el acuerdo final, un país de la UE puede expulsar a una persona basándose en la decisión de retorno de otro Estado miembro mediante un sistema de dos fases: voluntaria al principio, y obligatoria en una fase posterior.

Diversas asociaciones y grupos de izquierda denunciaron el reglamento de retorno. «Esta nueva propuesta lleva el sello de un Estado policial», advirtió Silvia Carta, de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados.

Terceros países seguros

El gobierno de la UE también adoptó su posición sobre el concepto de «tercer país seguro», que facilitaría a los países de la UE declarar inadmisible una solicitud de asilo y deportar a los solicitantes a un país «seguro» designado fuera de la Unión.

Por ejemplo, los solicitantes de asilo podrían ser enviados a un país en el que nunca hayan vivido -o por el que solo hayan transitado- siempre que el país de la UE tenga algún tipo de acuerdo bilateral o acuerdo informal de cooperación en vigor. Lo que se considere un «vínculo» suficiente se dejará a la consideración de las autoridades nacionales.

En la actualidad, la legislación de la UE exige un vínculo claro entre el solicitante de asilo y el país considerado seguro para poder enviarlo allí. Esta salvaguarda, concebida para evitar expulsiones arbitrarias, puede ser cosa del pasado si la nueva propuesta recibe luz verde definitiva.

Nueva lista de países de origen seguros

Por último, los gobiernos de la UE aprobaron la lista de siete países de origen seguros propuesta por la Comisión: Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez.

La Comisión excluyó a los países en guerra, sometidos a sanciones o con tasas de reconocimiento de asilo superiores al 20 %, y dijo que hay margen para añadir o eliminar países de esta lista en el futuro.

Una vez adoptada la lista por el Consejo y el Parlamento, los solicitantes de asilo de los países incluidos en la lista se someterán a procedimientos acelerados y sus solicitudes se considerarán infundadas a menos que puedan demostrar lo contrario.

En el Parlamento, la nueva lista de países seguros y la revisión de los terceros países seguros se aprobaron en comisión después de que la extrema derecha se aliara con el PPE, de centro-derecha, dejando de lado a la izquierda. El Parlamento inicia ahora las negociaciones con el Consejo, aunque todavía no se ha pronunciado sobre las devoluciones.

Próximos pasos

La reforma migratoria de la UE continuará el año que viene, cuando se revise el mandato de Frontex.

La presidenta de la Comisión, Von der Leyen, quiere ampliar los poderes de la agencia, por ejemplo permitiéndole organizar retornos directamente con terceros países, dando a Frontex más margen de maniobra para impedir los cruces irregulares o triplicando el número de su cuerpo permanente hasta los 30.000 agentes.

Los gobiernos europeos también barajan la idea de ampliar el mandato de Frontex incluyendo drones, unidades de cibervigilancia y equipos basados en inteligencia artificial, según documentos del Consejo .

Además de la revisión de Frontex, el ejecutivo de la UE tiene previsto endurecer aún más sus normas sobre migración y visados. Está previsto que la Comisión presente su primera Estrategia Europea de Migración y Asilo, junto con una nueva estrategia de política de visados.

Según un documento de los servicios de la Comisión al que ha tenido acceso Euractiv, el Ejecutivo comunitario contempla en la próxima estrategia restricciones en materia de visados -como la prohibición de viajar a funcionarios o la suspensión de visados- para los terceros países que se nieguen a readmitir a sus nacionales.

Más adelante se propondrá una nueva propuesta sobre la digitalización del proceso de retorno, aunque inicialmente se anunció para 2025.

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(Editado por vib, mm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)

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