Bruselas (Euractiv)- El reciente escándalo en el que se ha visto envuelta la UE no tiene nada que envidiar a los anteriores. El ala diplomática de la Comisión Europea y la principal escuela de posgrado para eurócratas del bloque están en el punto de mira.
Gracias al Catargate, la receta para un escándalo de corrupción en la UE suele ser la misma: la policía hace una redada en el Parlamento Europeo, detiene a los eurodiputados y luego se enreda en años de sucios litigios. Pero esta vez es diferente.
No se trata sólo de eurodiputados, sino de algunos de los más altos cargos diplomáticos de la UE, que están en el punto de mira de los fiscales como parte de una investigación bomba, desvelada por Euractiv la semana pasada. A diferencia del Catargate, en el que se acusó a eurodiputados de recibir dinero de Catar y Marruecos, esta investigación se extiende al brazo diplomático de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y a la Comisión Europea.
La llamada investigación del SEAE-gate ya ha provocado la dimisión de Federica Mogherini, ex jefa del SEAE y hasta la semana pasada rectora del Colegio de Europa, y de Stefano Sannino, ex secretario general del SEAE. La lista podría ampliarse.
En lugar de estar dirigida únicamente por la justicia belga, la propia fiscalía independiente de la UE está al frente del caso. Esto es lo que hay que saber.
En el centro de la investigación está una idea aparentemente incontrovertible: una Academia Diplomática financiada por la UE y destinada a formar a la próxima generación de diplomáticos europeos. «Lo único que lamento es no haberlo hecho mientras era alta representante», dijo Mogherini en 2022.
El eurodiputado socialista español Nacho Sánchez Amor había presentado el proyecto como una forma de reforzar el músculo geopolítico de Europa. El SEAE convocó un concurso público de 130.000 euros para crear la academia a finales de 2021, y posteriormente dotó al Colegio con 654.000 euros en concepto de «beca de estudios» para los jóvenes diplomáticos participantes. A continuación, se reservaron 132.000 euros para un estudio sobre la viabilidad de la creación de la academia.
Varios competidores presentaron ofertas para dirigir la escuela, entre ellos el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht y el IE Business School de Madrid.
Sin embargo, un criterio resultó decisivo: la institución ganadora debía proporcionar alojamiento a los estudiantes, y solo un candidato cumplía ese requisito: el Colegio de Europa de Brujas, en el noroeste de Bélgica.
Ahora, los investigadores sospechan que el Colegio de Europa, que ganó el concurso, pudo haber tenido una ventaja, al saber más de lo debido sobre la próxima licitación. Al parecer, antes de que se adjudicara el concurso, el Colegio compró un edificio de 3,2 millones de euros en la ciudad belga, a pesar de las limitaciones financieras de aquel momento, creen los investigadores.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibió una denuncia según la cual Mogherini, en su calidad de rectora del Colegio, podría haber tenido acceso a información privilegiada del SEAE. Se presume la inocencia de todos los implicados, y Mogherini ha negado haber cometido delito alguno.
La OLAF, sin embargo, solo tiene competencias administrativas, lo que significa que no puede procesar a nadie en caso de infracción, sino solo hacer recomendaciones a los funcionarios de la UE, que las aceptan o las ignoran. Si aprecia indicios de posibles delitos penales, tiene que pasar el expediente a la Fiscalía Europea (EPPO), dirigida por Laura Codruța Kövesi. Esto es exactamente lo que ocurrió con el SEAE-gate.
La implicación de la EPPO supuso una grave escalada. La oficina, con sede en Luxemburgo, tiene competencias de investigación penal para delitos relacionados con dinero de la UE y poderes independientes para procesar a sospechosos en la mayoría de los países de la Unión.
Cualquier sospecha de fraude, corrupción o malversación de fondos de la UE por encima de un determinado umbral entra dentro de su competencia. Como la Academia se financiaba con fondos de la UE supervisados por organismos de la UE, entra en el ámbito de competencias de la EPPO.
Su implicación significa que los investigadores creen que puede haber delitos y no solo irregularidades administrativas. Dos personas conocedoras el caso declararon a Euractiv que los investigadores llevaban meses preparando las redadas.
Las investigaciones de la EPPO llevan mucho tiempo, en parte porque sus fiscales tienen más competencias que sus homólogos nacionales para ampliarlas a otras jurisdicciones y examinar todas las pistas posibles.
La EPPO trabaja codo con codo con las autoridades nacionales. En Bélgica, esto significa que los fiscales delegados designados por la UE colaboran con la policía federal belga, mientras que los jueces belgas autorizan medidas de investigación como registros e incautaciones.
Tras ser interrogados por la policía, Sannino y Mogherini son ahora oficialmente sospechosos, mientras los investigadores siguen examinando los documentos incautados.
En las próximas semanas se sabrá si la EPPO decide ampliar su investigación. Más personas podrían verse envueltas en el escándalo, que por ahora se limita a la primera de las dos licitaciones que el SEAE convocó para la academia.
La salida de Mogherini del Colegio de Europa ha desencadenado peticiones de reforma y exigirá encontrar un nuevo rector. Y la jubilación anticipada de Sannino significa que su dirección para Oriente Medio necesita un nuevo alto cargo permanente.
Está en juego la credibilidad del Colegio de Europa, donde muchos eurócratas aprenden cómo funciona Bruselas, el SEAE y la Comisión. Pero también es una prueba importante para el fiscal de la UE.
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Con información de Eddy Wax.
(Editado por mm, jp/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)
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