Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los países de la Unión Europea (UE) dan los últimos retoques a una versión suavizada de una directiva comunitaria que vincula el respeto de los derechos humanos con el impacto medioambiental en las cadenas de suministro, en un contexto de polémica por la ruptura del cordón sanitario a la ultraderecha en el Parlamento Europeo e informaciones que apuntan a fuertes presiones de «lobbies» estadounidenses en torno a este delicado expediente.
Los representantes de los gobiernos, en el Consejo de la UE y el equipo negociador del Parlamento Europeo se enfrentarán esta tarde en lo que se ha anunciado como una ronda final de negociaciones sobre la «simplificación» de la Directiva de Diligencia Debida sobre la Sostenibilidad de las Empresas (DDDSC).
Adoptada en marzo de 2024, con vistas a su entrada en vigor en 2026, la «CS-triple-D», como se la conoce en la jerga de Bruselas, fue incluida menos de un año después en el primer paquete de «simplificación» de la segunda Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, que ha hecho de la competitividad industrial y la desregulación dos de sus prioridades.
Ahora los colegisladores (Consejo-Parlamento) no chocan por si cambian a fondo o no la ley de diligencia debida, sino por el alcance exacto de los limitados requisitos de diligencia debida e información que se aplicarán a las pocas empresas muy grandes que permanecen en el ámbito de aplicación.
Los principales requisitos de la directiva se han reducido, desde su ámbito de aplicación hasta el alcance de las obligaciones de diligencia debida, pasando por los planes de transición climática, el régimen de responsabilidad civil y las sanciones económicas.
En el formato en el que se adoptó en 2024, la directiva debía aplicarse a cualquier empresa con más de 1.000 empleados y una facturación neta igual o superior a 450 millones de euros. Pero el Consejo y el Parlamento han acordado limitar la obligación a las empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios neto de al menos 1.500 millones de euros.
Los mandatos de negociación del Consejo y el Parlamento también convergen en la supresión de la responsabilidad civil, que apuntaba a responsabilizar a las empresas por los daños causados a las personas y los ecosistemas, y exigía indemnizaciones para los afectados.
Sin embargo, hay una gran diferencia en los artículos que tratan de los derechos humanos y la diligencia debida en materia de medio ambiente. La posición del Consejo es que una empresa «deberá» suspender, como último recurso, una relación comercial cuando el socio provoque impactos negativos sobre los derechos humanos o el medio ambiente.
Pero el Parlamento Europeo se limita a decir que «pueden», lo cual significa que sería voluntario.
Las negociaciones finales también abordarán los planes de transición climática. Mientras que el Parlamento quiere eliminar la obligación de que las empresas elaboren esos planes, el Consejo exigiría a las empresas que hagan «esfuerzos razonables» para alcanzar los objetivos climáticos y que adopten un modelo de negocio que «contribuya» a las metas de los objetivos del Acuerdo de París (de la ONU).
En un principio se exigía a las empresas que adoptaran y aplicaran un plan de transición para mitigar el cambio climático y que hicieran todos los esfuerzos posibles para lograrlo.
¿Y si, a pesar de todas las suavizaciones, las empresas siguen sin cumplir? El Consejo (gobiernos) ha introducido un tope máximo del 5% del volumen de negocios neto de una empresa para las sanciones económicas. El Parlamento, por su parte, aplaza la cuestión y pide a Bruselas «directrices» sobre el nivel adecuado de sanciones.
El sector empresarial tiene muchas reservas sobre las normas de sostenibilidad y presentación de informes. El cambio aplicado por la Comisión Europea para pasar de una «agenda verde» a una más centrada en la competitividad ha sido bien aprovechado por los grupos de presión y por los partidos conservadores de la Eurocámara.
En ese sentido, en noviembre pasado se forjó una alianza entre la derecha y la extrema derecha al adoptar el Parlamento su posición sobre el expediente, un hecho inédito en Bruselas, puesto que supuso una clara ruptura del cordón sanitario en torno a las fuerzas de extrema derecha y los nacionalistas.
Por otro lado, la semana pasada estalló una nueva polémica en torno a este expediente cuando una investigación del centro de análisis Somo reveló que un grupo de 11 multinacionales estadounidenses de combustibles fósiles montaron una campaña a gran escala durante todo el año para presionar tanto al Parlamento como a los Estados miembros de la UE para que adoptaran sus recomendaciones.
Esa «coalición de intereses», que se autodenomina «Mesa Redonda sobre Competitividad», reúne a gigantes de los combustibles fósiles como ExxonMobil, Chevron y TotalEnergies, además de Honeywell, Nyrstar, Dow y el banco JPMorgan Chase.
Al parecer, esa plataforma intentó influir directamente en los gobiernos de los Estados miembros, tanto individualmente como a través de la oficina en Bruselas de la empresa mundial de relaciones públicas Teneo, que organizó múltiples reuniones con funcionarios del Parlamento y del Consejo.
Cuando los negociadores se reúnan en la tarde de este lunes, a las 19.00 horas, el eurodiputado del PPE Jörgen Warborn, principal negociador del Parlamento Europeo, podrá contar con el apoyo de la extrema derecha para defender su posición frente a las posibles críticas de los delegados gubernamentales. Pascale Piera, del grupo ultra Patriotas por Europa (PfE), en el cual militan, entre otros, el español Vox, confirmó a Euractiv que estará presente en la reunión.
El objetivo del Consejo es intentar volver a una posición menos extrema en materia de desregulación, al tiempo que quizás golpee a la denominada «coalición Venezuela» de grupos conservadores y de extrema derecha que reconocieron a Edmundo González como presidente democráticamente elegido del país sudamericano antes de cimentar su alianza política en la votación del CDSD.
Si tiene éxito, la cuestión será si el PPE en su conjunto acatará lo que se acuerde esta noche en la votación final en el pleno.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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