Bruselas (Euractiv.com) – Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo alcanzaron a última hora del lunes un acuerdo para revisar el sistema de preferencias comerciales de la Unión Europea (UE) para los países en desarrollo, con lo cual se pone fin a dos años de estancamiento, tras desbloquear una polémica salvaguardia para limitar las importaciones de arroz al bloque comunitario europeo.
Según contempla el acuerdo, los aranceles de nación más favorecida se reimpondrán si las importaciones de arroz aumentan un 45% respecto a un nivel de referencia de 387.000 toneladas -la media de importaciones de la UE en diez años-, lo que supondrá unas 552.000 toneladas, según explicó a Euractiv una fuente cercana al expediente. Estas cantidades podrán revisarse un año después de la entrada en vigor del reglamento.
El compromiso alcanzado en la noche de este lunes despeja el camino para actualizar el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que sirve para apoyar a las economías en desarrollo mediante el acceso libre de aranceles para la mayoría de los productos.
Las conversaciones interinstitucionales comenzaron a principios de 2023, pero se estancaron en varias ocasiones, lo cual forzó a la UE a prorrogar el actual sistema hasta el 31 de diciembre de 2027 mientras continuaban las negociaciones.
Cuando se reanudaron las negociaciones en junio de 2025, el principal escollo fue la importación de arroz libre de aranceles de países beneficiarios como Myanmar y Camboya.
Aunque la mayoría de elementos técnicos ya se habían resuelto, la ronda final de negociaciones del lunes se centró en fijar el umbral de importación preciso para la salvaguardia automática propuesta por la Presidencia danesa del Consejo de la UE, según informaron a Euractiv dos fuentes comunitarias.
Italia y España, principales productores de arroz de la UE, eran los únicos países que abogaban por una salvaguardia más estricta que frenara las importaciones, una postura respaldada por el Parlamento Europeo. El negociador español Gabriel Mato (PP/Partido Popular Europeo), criticó los umbrales acordados que calificó de «excesivamente elevados» y difíciles de activar, al tiempo que señaló que sólo el PPE y el grupo de derecha de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) defendieron un mecanismo más fuerte, mientras que otros grupos «prefirieron ceder».
Otros grupos de la Eurocámara aplaudieron el compromiso. La eurodiputada del grupo liberal Renovar Europa Karin Karlsbro afirmó que «más de dos mil millones de personas se benefician de esta legislación» y subrayó que «en tiempos de creciente proteccionismo es muy importante que la UE defienda el desarrollo a través del comercio».
No se incluyeron salvaguardias automáticas adicionales para los productos agrícolas, pero los colegisladores reforzaron un mecanismo especial de vigilancia que obliga a Bruselas a evaluar los aumentos repentinos de las importaciones y actuar cuando puedan perjudicar al mercado de la UE.
Otra parte clave de la reforma se centró en el vínculo entre los beneficios comerciales y la cooperación en las políticas de retorno de inmigrantes, después de que el Consejo presionara para retirar las preferencias a los países que no readmitieran a sus propios nacionales.
«Los beneficios comerciales deben vincularse al respeto de los derechos humanos, la buena gobernanza, la protección del medio ambiente y -por primera vez- la cooperación en el retorno de los nacionales presentes ilegalmente en la UE», declaró el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.
Los eurodiputados lograron garantizar condiciones más estrictas antes de aprobar una suspensión, incluido un procedimiento de evaluación más largo, al menos un año de compromiso con el país en cuestión, y un retraso de dos años antes de que la nueva condicionalidad se aplique a los países más pobres una vez que el reglamento de la UE entre en vigor.
El principal negociador del Parlamento Europeo, Bernd Lange (SPD/S&D), acogió con satisfacción el resultado.
«El Consejo se ha movido considerablemente para responder a las preocupaciones del Parlamento, creando un sistema equilibrado con claros límites de seguridad y un sistema diferenciado para los países menos desarrollados», señaló el alemán.
Está previsto que los embajadores de la UE den su aprobación final en las próximas semanas, además de una votación en el Parlamento Europeo prevista para el año que viene.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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