Bruselas (Euractiv.com) – Los eurodiputados de La Izquierda en el Parlamento Europeo darán el primer paso para impugnar el Acuerdo de Comercio Digital (ACD) entre la Unión Europea (UE) y Singapur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La propuesta de resolución -presentada por el grupo de La Izquierda a la cual ha tenido acceso Euractiv- ha recibido el apoyo de más de 72 eurodiputados, lo que significa que se someterá a votación durante la sesión plenaria del Parlamento el 13 de noviembre.
La resolución pide que el TJUE evalúe si el acuerdo comercial cumple la legislación de la UE, en especial en relación con la protección de datos y los derechos fundamentales.
El eurodiputado de la Izquierda Unitaria Martin Schirdewan, autor de la resolución, explicó a Euractiv que «un dictamen del Tribunal de Justicia Europeo puede garantizar desde el principio que el acuerdo comercial digital con Singapur cumple los Tratados europeos, los derechos fundamentales y la legislación vigente».
«La rapidez deseada por la Comisión no debe primar sobre la sustancia, especialmente en el caso del primer acuerdo comercial digital autónomo», agregó.
La Comisión firmó en mayo el acuerdo comercial digital autónomo con Singapur, que aún requiere la aprobación del Parlamento Europeo antes de ser ratificado.
Sin embargo, la resolución argumenta que el acuerdo no «garantiza la protección tanto de la privacidad como de los datos» debido a la ausencia de un acuerdo de adecuación de datos entre la UE y Singapur.
Sin tal decisión, no se puede garantizar que las transferencias de datos personales entre la UE y Singapur cumplan con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, advierte el texto.
La resolución destaca la falta de salvaguardias sobre el acceso al código fuente y advierte de que el acuerdo podría limitar la capacidad de la UE para hacer cumplir sus normas digitales, como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA).
Por el contrario, el proyecto de texto del Parlamento para aprobar el acuerdo sostiene que, a pesar de la preocupación por los derechos fundamentales de la UE en relación con los flujos transfronterizos de datos, la Comisión ha garantizado que el acuerdo no pondrá «en peligro» la aplicación de las normas de la UE, y cita como ejemplos acuerdos similares celebrados con el Reino Unido, Chile y Nueva Zelanda.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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