Luxemburgo (Euractiv.com/.es) – El nuevo plan de reubicación de inmigrantes de la Unión Europea (UE), diseñado para demostrar que el bloque comunitario puede compartir responsabilidades de forma justa en el reparto de la carga, se enfrenta al rechazo de varios socios.
Estaba previsto que esta semana la Comisión Europea publicara su primera evaluación sobre qué países de la UE se enfrentan a una mayor presión migratoria y quién debe qué en virtud del nuevo «fondo de solidaridad».
Ese nuevo mecanismo determina si los países comunitarios deben reubicar a los solicitantes de asilo, contribuir con dinero o prestar otras formas de ayuda.
Se trata de una prueba de fuego para el emblemático pacto migratorio del bloque, destinado a convertir años de disputas políticas en una política concreta de reparto de cargas.
No obstante, tres funcionarios comunitarios cercanos al expediente han confirmado a Euractiv que la publicación del informe se retrasará.
A la pregunta de si el rechazo creciente de los Estados miembros podría hacer descarrilar el plan antes incluso de su aplicación, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, negó el martes que exista preocupación en Bruselas.
En palabras de Brunner, no es relevante si el plan se presenta unos días antes o después de la fecha inicialmente prevista.
«Por supuesto, hay algunos detalles que todavía tenemos que discutir (…) tenemos que hacerlo bien», comentó el alto funcionario en rueda de prensa el martes al término de una reunión de ministros europeos del ramo en Luxemburgo.
Durante la reunión del martes, ninguna delegación tomó la palabra tras la presentación del plan migratorio de la Comisión, según un diplomático de la UE, aunque varios ministros expusieron sus posturas previamente.
«Todos los países deben aplicar las normas de Dublín», comentó la ministra belga de Interior, Anneleen Van Bossuyt, en alusión a Italia y Grecia.
Según ese mecanismo, Bruselas puede tener en cuenta cómo aplican los países el llamado Reglamento de Dublín -que exige que los solicitantes de asilo sean devueltos al primer país de la UE por el que entraron- a la hora de decidir quién debe recibir ayuda solidaria.
Eso podría penalizar a los Estados fronterizos del sur, a menudo los primeros puertos de entrada, que no lleven a cabo esas devoluciones.
«La solidaridad debe ir de la mano de la responsabilidad», añadió Van Bossuyt, al tiempo que señaló que Bélgica sólo contribuirá económicamente porque sus centros de acogida ya están al completo.
«Pagaremos, y con este dinero se podrán encontrar soluciones estructurales», aseguró
Otros países también fueron tajantes. «Obviamente, no aceptaremos inmigrantes de otros Estados miembros», señaló la ministra finlandesa del Interior, Mari Rantanen.
Polonia y Hungría ya han descartado participar, y la reciente elección del populista Andrej Babiš en Chequia puede añadir otra voz escéptica al grupo de críticos con la iniciativa.
Por otro lado, los ministros discreparon sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno, una norma clave del pacto migratorio que obligaría a un país de la UE a ejecutar la orden de deportación de otro.
Francia, Alemania y Bélgica advirtieron de que la medida podría resultar excesivamente onerosa, y Bélgica se opuso a la idea de hacerla obligatoria.
«Para Bélgica no debería ser obligatoria (…) ya sufrimos una carga desproporcionada debido a los movimientos secundarios. Tendríamos la obligación de hacer las devoluciones efectivas, y por eso es importante evitar efectos perversos», según la ministra.
Pero España, que sufre una fuerte presión migratoria sobre todo en Canarias, Ceuta y Melilla, fue tajante.
«Nos gustaría que el reconocimiento mutuo fuera obligatorio, porque es el verdadero fundamento del espacio de justicia y libertad», afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
«Una decisión dictada por una autoridad en un país debe tener el mismo valor en otro», subrayó.
Un texto de compromiso de la Presidencia danesa, al cual tuvo acceso por Euractiv el mes pasado, muestra que la aplicación vinculante de la norma de reconocimiento mutuo se retrasaría hasta tres años después de la entrada en vigor del pacto migratorio en 2026.
Varias disposiciones que creaan cargas administrativas se han suavizado o suprimido, entre otras cosas haciendo opcional el uso de una Orden Europea de Retorno.
«Hay que seguir trabajando para encontrar una solución a la cuestión del reconocimiento mutuo», pero que un enfoque general «debería ser factible» en diciembre, señaló Brunner.
Por otra parte, los ministros europeos del ramo también debatieron si las condiciones permiten ahora el retorno -o incluso la deportación forzosa- de algunos ciudadanos sirios, según un documento de debate al cual tuvo acceso Euractiv la semana pasada.
«Hubo un amplio acuerdo aquí en Luxemburgo en que debemos empezar con los retornos a Siria», afirmó el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, al tiempo que añadió que «alrededor de un millón y medio de sirios ya han regresado desde los Estados vecinos a su patria. Ahora se trata de garantizar que la UE, que Europa, también se asegure de que los retornos sean posibles.»
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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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