París (Euractiv.fr/.es) – Tras la dimisión del primer ministro, Sébastien Lecornu, las posibilidades de que Francia apruebe un nuevo presupuesto para 2026 antes de fin de año se desvanecen, lo cual allana el camino a una «ley especial» que debería prorrogar las cuentas de 2025.
Lecornu, encargado por el presidente francés, Emmanuel Macron, de dirigir las «negociaciones de última hora» para formar gobierno, hizo de la consecución de un acuerdo presupuestario su mayor prioridad.
Sin embargo, con el actual estancamiento político, parece poco probable que los legisladores lleguen a un acuerdo sobre un nuevo proyecto de presupuesto antes de la fecha límite que fija la Constitución.
El proyecto de Ley de Finanzas se tiene que presentar en la Asamblea Nacional antes del 13 de octubre para que pueda ser aprobado en 2026, lo cual abre un periodo obligatorio de 70 días para debates y enmiendas. Se necesitan otros ocho días para que el Consejo Constitucional revise el texto antes de que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2026.
El problema es que un gobierno provisional no puede presentar un proyecto de ley de finanzas, ya que no se le pueden exigir responsabilidades políticas.
Mientras el Ministerio de Economía sigue preparando el texto «para garantizar la continuidad del Estado», el nuevo gobierno heredará seguramente un proyecto muy cuestionado.
El proyecto de Lecornu, basado en gran medida en los 44.000 millones de euros de ahorro propuestos por su predecesor François Bayrou, no convenció a los partidos de la oposición.
Tanto la izquierda -que aboga por un impuesto sobre el patrimonio- como la extrema derecha -que exige recortes de las prestaciones sociales a los extranjeros y una menor contribución a la Unión Europea (UE)- plantearían seguramente una moción de censura a cualquier gobierno que intentara aprebarlo.
Si no hay gobierno, o si se disuelve el Parlamento, el gabinete provisional de Lecornu podría solicitar una votación limitada sobre el capítulo de «ingresos» del presupuesto, lo que permitiría seguir recaudando impuestos.
Como alternativa, la Asamblea Nacional podría aprobar una «ley especial» para «garantizar la continuidad de la vida nacional y el funcionamiento regular de los servicios públicos», una medida utilizada por última vez tras la caída del gobierno del ex primer ministro y comisario europeo Michel Barnier.
En virtud del artículo 47 de la Constitución francesa, esa ley permite al Estado recaudar impuestos y gastar a los niveles del año anterior hasta que se apruebe una nueva Ley de Finanzas.
Sin embargo, también impide que los tramos del impuesto sobre la renta se ajusten a la inflación, lo que supone un aumento de los impuestos para muchos hogares.
La congelación del gasto público sin ajustes por inflación podría ahorrar entre 15.000 y 20.000 millones de euros, según las estimaciones de los economistas, lo que reduciría el déficit de Francia a alrededor del 5% del PIB en 2026. Una cifra inferior al 5,4% de este año.
Pero la parálisis política ya está haciendo mella. La previsión de crecimiento del Gobierno para 2025 se ha revisado a la baja, del 1% al 0,7%, mientras que la incertidumbre sobre los impuestos ha llevado a hogares y empresas a frenar el gasto.
La tasa de ahorro de Francia alcanzó el 18,8% a principios de 2025, su nivel más alto en casi medio siglo.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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