Bruselas lucha por sacar adelante su ambicioso programa de simplificación normativa

Bruselas (Euractiv.com) – La iniciativa estrella de la Comisión Europea para reducir la carga normativa se ha convertido en una pelea política en la cual diplomáticos y burócratas culpan a los grupos del Parlamento Europeo de poner palos en la rueda a la medida.

En el marco de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) de este miércoles en Copenhague, el canciller alemán Friedrich Merz ha prometido dar un nuevo impulso para liberar al mercado único de una «maraña de normativas» de Bruselas.

Pero en la capital belga y comunitaria, numerosos diplomáticos lamentan que el Parlamento Europeo no esté -aseguran- tratando la iniciativa de simplificación normativa, o paquetes ómnibus en la jerga de la UE, con el mismo empeño político que el Consejo y la Comisión Europa, a pesar de que se trata de una iniciativa clave de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Hace dos semanas, Von der Leyen lanzó una crítica velada a los eurodiputados tras advertir de que el plan estrella de Bruselas «necesita la aprobación urgente de los colegisladores».

La viceprimer ministra sueca , Ebba Busch , criticó el plan a principios de esta semana, en el marco de una reunión de competitividad industrial, al afirmar que existe una creciente frustración con el Parlamento Europeo por la medida.

«Ahora tenemos que demostrar que podemos hacer algo más que hablar y cumplir lo que decimos», afirmó.

El informe de referencia para Von der Leyen, realizado por el ex presidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano Mario Draghi, se publicó hace más de un año, pero hasta la fecha Bruselas sólo ha aplicado una parte de sus recomendaciones, que incluían medidas encaminadas a la simplificación.

Lucha de poder entre instituciones de la UE

La Comisión Europea ha propuesto este año seis de sus paquetes ómnibus para reducir la carga administrativa y normativa en beneficio de las empresas, y para finales de año se prevén otros cuatro que abarcan los sectores digital, medioambiental, automovilístico y sanitario.

En ese sentido, el Consejo creó un comité especial para acelerar los expedientes ómnibus, pero varios  diplomáticos de la UE han expresado su malestar por el hecho de que el Parlamento Europeo no haya creado una estructura similar hasta la fecha.

Sin embargo, Estrasburgo niega las críticas sobre su supuesta lentitud legislativa.

«Se está trabajando a toda velocidad y muchos de los paquetes ómnibus están terminados o a punto de finalizarse. Tampoco vamos a limitarnos a dar el visto bueno», explicó a Euractiv un funcionario de la Eurocámara.

Varios apartados normativos de la agenda ómnibus, entre ellos la inversión, el impuesto fronterizo al carbono y un requerimiento sobre las normas de información de las empresas, ya tienen el respaldo político del Parlamento y del resto de instituciones de la UE.

Cruce de acusaciones

Algunos creen que las verdaderas críticas van dirigidas contra el grupo de centro-izquierda de los Socialistas y Demócratas (S&D), donde está el PSOE, que se resisten a un recorte exprés de la legislación de la UE.

En ese sentido, Aurore Lalucq, diputada francesa de S&D que preside la comisión de Economía del Parlamento Europeo, rechazó las críticas.

«Somos elegidos por el pueblo europeo para hacer nuestro trabajo, le guste o no a la gente (…) en los diálogos a tres bandas, ¿quién es el que lleva tiempo, el que bloquea todo el tiempo, el que necesita consultar constantemente a sus Estados miembros? Es el Consejo», asegura.

Por su parte, Bernd Lange (SPD/S&D), que preside la comisión de comercio del Parlamento Europeo, atribuyó la no aprobación de muchos de los paquetes a su «complejidad», lo cual, en su opinión, ha supuesto un «grave problema» para los eurodiputados.

El eurodiputado alemán añadió que la rápida aprobación por parte del Parlamento de la simplificación del impuesto al carbono en la frontera (CBAM) demuestra que «no hay un retraso específicamente de un grupo político» y que no es necesaria una nueva estructura para acelerar la legislación.

«El problema está sobre todo en la estructura mixta de las propuestas de la Comisión», asegura Lange, al tiempo que añade que el cuarto paquete ómnibus, centrado en las pequeñas y medianas empresas, es competencia de cuatro comisiones parlamentarias distintas.

El descontento de los eurodiputados reformistas se centra en las dos leyes de sostenibilidad empresarial de la UE: la que obliga a las empresas a adoptar un comportamiento sostenible (CSRD) y la que aborda los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro globales (CSDDD).

Los gobiernos de la UE están presionando para eximir de su ámbito de aplicación a todas las empresas, salvo a las más grandes, y han fijado los umbrales de empleados en 5.000 trabajadores, cinco veces más que el umbral original de la ley.

«La Comisión se apresuró a presentarla; el Consejo se apresuró a adoptar su posición; el Parlamento se está apresurando a seguir el ritmo», afirma Eric Maurice, analista del think tank de Bruselas European Policy Centre (EPC).

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(Editado por Victoria Becker/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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