Bruselas (Euractiv.com) – La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha destapado nuevos casos de fraude en las subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC).
Según la EPPO, ello pone de manifiesto «graves deficiencias» en la detección y notificación de los casos de malversación de fondos, justo cuando la Comisión Europea se prepara para asignar la próxima tanda de fondos para la agricultura comunitaria.
El escándalo del fraude se conoce en la semana en la que el Ejecutivo comunitario tiene previsto anunciar los importes de las asignaciones nacionales de la PAC, de los cuales Euractiv informó en exclusiva el martes, para el período 2028 a 2034.
Ello supone un gasto de 300.000 millones de euros del presupuesto de 2 billones de euros propuesto por el bloque para el próximo periodo de siete años.
Francia, Alemania y España verán recortada su parte del pastel en el próximo periodo de gasto, y entregarán más dinero a los países más pequeños, en comparación con la actual dotación de pagos directos.
Sin embargo, esta decisión, cuyo objetivo es hacer más equitativo el reparto, se produce en un momento en que la Fiscalía Europea sigue detectando casos graves de fraude y uso indebido.
Esta misma semana, una empresa letona y un empresario de ese país fueron declarados culpables de un fraude de 900.000 euros con fondos agrícolas, según anunció la oficina, el organismo del bloque que se ocupa de los delitos contra los intereses financieros del bloque . Ese fraude se refiere a dos proyectos ejecutados en el Estado báltico medio entre 2019 y 2020 y 2022 y 2023, según demostró la investigación.
No es la primera vez que surgen casos de este tipo. En marzo, los fiscales descubrieron que una cooperativa agrícola de Rumanía obtuvo de manera fraudulenta 850.000 euros de fondos de la UE para un proyecto de regadío. La semana pasada se incautaron 500.000 euros en activos a un funcionario público que presuntamente apoyaba al principal sospechoso.
En junio, los agricultores eslovacos denunciaron que tuvieron que pagar sobornos para recibir subvenciones del Organismo Pagador Agrícola (OPA), el organismo público encargado de distribuir los pagos de la PAC, lo que suscitó preocupación por presuntas presiones políticas y llevó a Bruselas a pedir la suspensión de la acreditación del OPA.
En Grecia, un escándalo similar a principios de este año sobre el uso indebido de los fondos agrícolas de la UE entre 2019 y 2022 provocó la dimisión de cuatro ministros, todos ellos vinculados al Ministerio de Agricultura en aquel momento.
Una cascada de casos
Aunque la EPPO puede dar seguimiento a las denuncias, corresponde a la Comisión Europea impulsar la supervisión.
«La Comisión Europea es la principal responsable de supervisar la arquitectura general que garantiza (…) la supervisión de los organismos responsables de la gestión y el control de los fondos de la Unión», según explicó a Euractiv el portavoz de la oficina europea.
Aunque la fiscalía «no dispone de elementos suficientes» para concluir la existencia de un fallo estructural en el sistema de control de la asignación de fondos de la PAC, «constata graves deficiencias, en particular en Grecia y Eslovaquia, en materia de detección y notificación de fraudes en la financiación agrícola», añadió el portavoz.
El eurodiputado checo Tomáš Zdechovský, del Partido Popular Europeo (PPE) y que ha participado en la denuncia del caso eslovaco, asegura que corresponde a la Comisión Europea tomar medidas, ya que la institución es «responsable del dinero de los contribuyentes».
Pero no todo es fraude, y el dinero se reembolsa de todos modos, explicó a Euractiv un alto funcionario de la Comisión.
«La mayoría de los casos de malversación de fondos son errores (…) recuperamos el dinero cada vez a través de nuestros procedimientos de liquidación de cuentas», añadió el funcionario.
Según un informe de 2022 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), en 2016-20 la PAC representó el 10,9% de los importes fraudulentos notificados en el Sistema de Gestión de Irregularidades (SGI), la base de datos donde los Estados miembros pueden notificar casos de fraude con dinero de la UE, por 226 millones de euros.
El TCE, sin embargo, indica un impacto financiero muy bajo de los fraudes notificados, calculado en el 0,09 % de los pagos de la PAC en el período considerado.
Otra advertencia se refiere a la notificación. El número y el importe de los fraudes dependen de la labor de control e investigación de los Estados miembros. Según el TCE, las cifras no pueden ofrecer «una imagen completa del nivel de fraude detectado en el gasto de la UE».
Al cierre de esta edición, la Comisión Europea no había respondido a la solicitud de comentarios.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euracvtiv.es)
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