Luxemburgo/Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó este miércoles la validez del acuerdo transatlántico de privacidad de datos (DPF, por sus siglas en inglés), que permite la libre circulación de datos personales entre el bloque comunitario y Estados Unidos, tras un recurso interpuesto por el diputado francés Philippe Latombe.
Latombe intentó invalidar la decisión de la Comisión Europea de julio de 2023 en la que consideraba suficientes las normas de privacidad de Estados Unidos, para permitir que los datos personales de los ciudadanos europeos se puedan compatir con Washington, después de que la UE adoptara el DPF.
La decisión del TGUE era muy esperada por numerosas ONG especializadas en temas de privacidad, que consideraron que la decisión de Bruselas no era válida debido a las normas estadounidenses de Inteligencia.
Las primeras reacciones no se hicieron esperar.
«A la tercera va la vencida para las transferencias de datos entre la UE y Estados Unidos», explicó en declaraciones a Euractiv Joe Jones, Director de Investigación y Perspectivas de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad.
«Una sentencia algo sorprendente en cuanto al fondo, cuando muchos esperaban que la acción se centrara en la legitimación, mantendrá los flujos de datos transatlánticos en equilibrio durante algún tiempo», agregó el experto.
El debate entre los expertos se centró en si el TGUE llegaría a analizar el fondo del asunto, ya que el derecho de Latombe a impugnar la decisión -la denominada legitimación- no estaba claro.
El DPF fue acordado después de que los jueces de la UE anularan dos acuerdos de transferencia de datos previos, en los casos Schrems I y II, al considerar el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que no garantizaban suficientemente la privacidad de los ciudadanos dle bloque comunitario.
El diputado francés alegó ante el TJUE que el DPF vulnera sus derechos fundamentales debido al volumen de datos personales implicados, la debilidad de los mecanismos de recurso, la ausencia de normas sobre la toma de decisiones automatizada y la insuficiencia de salvaguardias para la seguridad de los datos.
Por otra parte, alegó que la legislación estadounidense sólo prevé medidas vagas y no impone obligaciones claras a las organizaciones que transfieren datos.
Desde que Latombe presentó su impugnación, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha destituido a varios políticos del partido demócrata que ostentaban cargos de responsabilidad al frente de organismos clave de supervisión de la privacidad y el poder judicial, lo cual sembró más dudas sobre su independencia y, en consecuencia, sobre la validez del acuerdo.
Sin embargo, el Tribunal General de la UE examinó la situación en el momento en que el DPF fue aceptado por la Comisión Europea, lo cual significa que no tuvo en cuenta la situación posterior al regreso de Trump al poder, en enero pasado.
«Se trataba de una impugnación bastante limitada. Estamos convencidos de que una revisión más amplia de la legislación estadounidense -especialmente el uso de Órdenes Ejecutivas por parte de la administración Trump- debería dar un resultado diferente», explicó en un comunicado Max Schrems, experto en asuntos de privacidad.
Latombe puede recurrir la decisión de este miércoles ante el TJUE.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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