Bruselas (Euractiv.com/.es) – La nueva ley de libertad de prensa de la Unión Europea (UE), que entró en vigor el pasado viernes, supone un gran paso adelante con vistas a la protección de los periodistas y su independencia en toda Europa, aunque una disposición del texto relativa a las plataformas de Internet ha suscitado el debate sobre qué medios pueden acogerse a determinadas salvaguardias.
La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) tiene entre sus objetivos salvaguardar la libertad de prensa y reforzar la democracia mediante nuevas medidas de transparencia relacionadas con la propiedad de los medios y la publicidad estatal, así como sólidas salvaguardias para los periodistas y sus fuentes.
La ley pretende servir además como ayuda para que los medios de comunicación tradicionales puedan competir con los medios digitales, y así adaptarse al auge de tecnologías como la inteligencia artificial generativa (IAG).
En ese sentido, una de las disposiciones obliga a las grandes plataformas en línea (VLOP, por sus siglas en inglés), como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, a promover contenidos de medios diversos e impedir la eliminación arbitraria o la degradación algorítmica de los proveedores de servicios de medios reconocidos (PSM).
La ley define a los PSM como medios de comunicación profesionales con responsabilidad editorial y supervisión.
Según un informe reciente del Instituto Reuters, los consumidores utilizan cada vez más esas plataformas para enterarse de la actualidad, y la creciente influencia de las plataformas, basada en qué contenido amplifican o suprimen, está contribuyendo a un «entorno fragmentado de medios alternativos» lleno de podcasters, YouTubers y TikTokers.
La Comisión Europea aún no ha publicado directrices sobre cómo funcionará el proceso para garantizar mayor transparencia.
Aunque Bruselas solicitó información en una consulta al respecto, que se cerró el pasado 23 de julio, resulta difícil para los expertos poder definir quién puede ser catalogado como PSM.
Las normas comunitarias en vigor establecen criterios de responsabilidad editorial, transparencia e independencia, pero las próximas directrices podrían ampliarlos.
Las plataformas en línea en Europa llevan mucho tiempo trabajando en la compleja tarea de adaptarse a las evaluaciones necesarias para identificar con claridad –y sin errores- a los actores del sector.
En ese sentido, en su respuesta a la consulta de la Comisión Europea, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) recomendó que los PSM tuvieran acceso a un contacto dentro del ámbito del VLOP con experiencia en este ámbito.
Además, mientras que los organismos públicos de radiodifusión son relativamente fáciles de verificar, los medios comerciales y las entidades menos tradicionales, entre ellas los “influencers” en las redes sociales, presentan más dificultades.
Algunos países de la UE mantienen bases de datos de organizaciones de noticias reconocidas, aunque no están armonizadas en todo el bloque.
La disposición del EMFA enumera criterios para obtener el estatus de PSM, entre ellas la supervisión por parte de un regulador nacional o la pertenencia a un organismo autorregulador, pero la Comisión Europea sugirió aclarar que no son acumulativos. La Federación Europea de Periodistas (FEP) apoya esa propuesta.
En relación con los influencers, la plataforma News Media Europe afirma que las normas de la EMFA sobre responsabilidad editorial, transparencia e independencia son suficientes para distinguir entre los medios de comunicación profesionales y las entidades no profesionales, entre ellas los influencers.
Sin embargo, la FEP sostiene que los influencers o blogueros que operan de forma profesional y ética siguiendo las mejores prácticas proporcionadas, por ejemplo, por un organismo autorregulador reconocido, sí deberían estar incluidos.
En opinión de Constantin Gissler, Director General del grupo de presión tecnológico DOT Europe, es clave «endurecer la definición de ‘proveedor de servicios de medios’ (PSM)».
«De lo contrario, hay un peligro real de que actores de mala fe reclamen protecciones destinadas a medios legítimos», sostiene el experto.
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