Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea está recibiendo cada vez más presiones para que acometa una revisión de las nuevas normas sobre aguas residuales que imponen importantes cargas de costes a los sectores farmacéutico y cosmético y podrían entorpecer el acceso a medicamentos esenciales.
La Comisión Europea tiene de plazo hasta el 28 de agosto para responder a varias preguntas en ese sentido de los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE), la mayor fuerza en Estrasburgo, y del grupo liberal Renovar Europa.
Los eurodiputados de ambas formaciones sostienen que la Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas se basa en datos erróneos e impone obligaciones «desproporcionadas» a esos sectores.
Las nuevas obligaciones, introducidas en la Directiva revisada, exigen a las empresas de ambos sectores que cubran el 80% de los costes de la cuarta fase de depuración en las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales.
Ello se basa en una evaluación de impacto de la Comisión, que atribuyó a estos productos el 90% de los micro contaminantes presentes en las aguas residuales.
Las normas entraron en vigor el 1 de enero de 2025 y deben aplicarse antes de 2028.
El pasado 17 de julio, 25 eurodiputados formularon preguntas a la Comisión en las cuales se pedía al Ejecutivo de Bruselas que dijera si tiene previsto realizar un estudio actualizado sobre la carga financiera en torno a la responsabilidad ampliada de los productores y su impacto en los sectores, haciéndose eco de anteriores llamamientos de la industria sobre los costes de las medidas de limpieza de las aguas residuales.
Los eurodiputados del PPE y Renovar Europa argumentan que el análisis original sobrestimaba la responsabilidad de esos sectores a la contaminación del agua.
En ese sentido, apuntan a datos más recientes de la Comisión Europea según los cuales «los cosméticos sólo representan alrededor del 1,5% del nivel de toxicidad, muy por debajo del 26% indicado en la evaluación de impacto: una sobreestimación 15 veces superior».
Los eurodiputados también preguntan a la Comisión si tiene intención de suspender los trabajos de aplicación hasta que se disponga de datos actualizados «para que los debates a nivel nacional se basen en datos sólidos y en las aportaciones de los sectores».
También preguntan a Bruselas qué medidas se están estudiando para «ajustar y mejorar la eficacia del mecanismo» de responsabilidad y para «garantizar una aplicación justa del principio de quien contamina paga».
Como posible solución, sugieren pasar de un enfoque sectorial a otro basado en las sustancias.
Los fabricantes de medicamentos genéricos, que llevan mucho tiempo denunciando los costes que les imponen las normas de la UE, afirman que la directiva supone una carga desproporcionada, sobre todo para las empresas que producen medicamentos originales y no pueden cambiar su formulación.
«Si se elimina el principio activo -el núcleo del antibiótico, la parte que contamina-, entonces sí, no habría más contaminación, pero el antibiótico dejaría de funcionar», comentó esta semana una fuente de la industria de fármacos genéricos.
Según la misma fuente, tratar las aguas residuales de un medicamento como la metformina (para ayudar a controlar el nivel de glucosa) en los Países Bajos podría costar entre ocho y nueve veces más que los ingresos por ventas del medicamento.
Aunque la Comisión Europea aseguró en 2022 que el impacto en los precios o la disponibilidad de los productos sería «marginal» y no afectaría a «la asequibilidad, disponibilidad o accesibilidad», fuentes de la industria advierten ahora de que algunas empresas podrían retirar totalmente los productos del mercado para evitar los costes añadidos.
Durante el Consejo de Sanidad del pasado 17 de junio, Alemania, Croacia, Chequia y Lituania instaron a la Comisión a garantizar que la legislación no impida la escasez de medicamentos, en especial de los genéricos.
Un texto del Consejo al cual tuvo acceso Euractiv refleja que esos cuatro países, liderados por Alemania, pidieron a Bruselas que actúe «sin demora» para proteger la continuidad de la atención sanitaria en caso de que la Directiva provoque interrupciones en el suministro o salidas del mercado.
En el momento de presentar el texto, la Comisión Europea estimó el coste en cerca de 1.200 millones de euros al año , una cifra que ahora parece escasa, ya que la Agencia Federal de Medio Ambiente alemana sugirió que el tratamiento de aguas residuales en ese país podría costar hasta 1.250 millones de euros.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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