Roma/Bruselas (Euractiv.it/com)- Tribunal de Justicia Europeo ha anulado la base jurídica del acuerdo migratorio de Italia con Albania, sembrando la incertidumbre sobre el plan de 653,5 millones de euros de Roma para procesar migrantes fuera del territorio de la UE.
En el centro de la disputa está designación de los llamados «países de origen seguros», naciones que, en opinión de Italia, no plantean riesgos el retorno de los solicitantes de asilo rechazados.
Según la sentencia publicada este viernes por el Tribunal, tales clasificaciones deben estar consagradas en el corpus legislativo nacional, y estar sujetas a control judicial. El Tribunal añadió que un país no puede considerarse «seguro» si no ofrece «protección suficiente» a todas las personas que se encuentran dentro de sus fronteras.
La sentencia es resultado de las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces del Tribunal de Roma sobre la legalidad de la detención de los migrantes rescatados en el Mediterráneo y posteriormente trasladados a Albania. Muchos de esos migrantes procedían de Egipto y Bangladesh, países que el gobierno italiano ya había calificado unilateralmente como seguros.
El Tribunal también aclaró que su sentencia es aplicable en el marco jurídico actual, y seguirá en vigor hasta que entre se implemente el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE en junio de 2026.
El próximo reglamento permitirá a los Estados miembros clasificar países como seguros con excepciones. Sin embargo, los jueces señalaron que los legisladores de la Unión Europea conservan la potestad de adelantar esa fecha.
En una tajante respuesta, la oficina de la Primera Ministra Giorgia Meloni calificó la sentencia de «sorprendente» y acusó a los jueces europeos de extralimitarse. «Una vez más, el poder judicial -ahora en el ámbito de la UE- se otorga poderes que no le corresponden, a expensas de su responsabilidad política», afirmaba un comunicado publicado en las redes sociales de la primera ministra.
Aun así, Meloni prometió seguir adelante: «Durante los diez meses que quedan antes de que entre en vigor el Pacto de Migración de la UE, el Gobierno italiano explorará todas las soluciones técnicas y jurídicas posibles para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos»
Sin embargo, la Asociación Nacional de la Magistratura (ANM) de Italia ha rebatido las afirmaciones de Meloni sobre injerencias judiciales, según informaron los medios nacionales.
«Nadie ha actuado contra el Gobierno», declaró el presidente de la ANM, Cesare Parodi. «Los jueces italianos ofrecieron una interpretación que ahora ha sido confirmada por el Tribunal Europeo. Esto es un hecho, no política.»
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(Editado por Inés Fernández-Pontes/Euractiv.es)
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