Bruselas (Euractiv.com/.es) – Hay poco que celebrar en el 40º aniversario del espacio Schengen, ya que la zona de libre circulación de la Unión Europea (UE) se está resquebrajando cada día.
El espacio Schengen, creado en 1985 y elogiado como uno de los logros más importantes del bloque, permite la libre circulación de personas, bienes y servicios entre 27 países: 23 Estados miembros de la UE más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.
Cada día, cerca de 3,5 millones de personas cruzan las fronteras interiores, y cerca de 32 millones de empresas ahorran dinero en pesados costes burocráticos.
Pero esa libertad se ha puesto a prueba en repetidas ocasiones desde 2015, cuando un fuerte aumento del flujo de refugiados y migrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Medio, desencadenó la vuelta de los controles en las fronteras interiores.
En aquel momento, los países de la UE lo enmarcaron como una respuesta «temporal» para mitigar la crisis, que puso de manifiesto los límites de los sistemas de asilo y fronteras del bloque comunitario europeo.
Según las normas de Schengen, los Estados miembros tienen derecho a volver a aplicar temporalmente los controles fronterizos, aunque sólo cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.
La duración de esos controles depende de las razones jurídicas concretas que alegue cada país, pero la idea está clara: temporal es «temporal».
Sin embargo, desde principios de este mes, 11 países Schengen han vuelto a implementar controles fronterizos en sus fronteras interiores. Polonia aplicó el lunes controles fronterizos a los vehículos procedentes de Alemania como medida de represalia.
Varias instituciones de la UE, entre ellos el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el Parlamento y el Tribunal de Cuentas, han cuestionado «la necesidad, la proporcionalidad y las pruebas que sustentan la vuelta de los controles fronterizos», explica a Euractiv Davide Colombi, investigador de Justicia y Asuntos de Interior del «think tank» CEPS.
Los países de la UE «han fracasado sistemáticamente a la hora de aportar pruebas de cómo su introducción de controles fronterizos es una solución al problema», añade Colombi.
El experto asegura que la aplicación de controles en las fronteras interiores sólo se tendría que permitir en casos limitados y excepcionales.
«(…) Los Estados miembro han ido más allá de lo que realmente les permite hacer la legislación de la UE», agrega.
«Uno de los principales problemas es la falta de aplicación por parte de la Comisión Europea, a pesar de que los Estados miembro han ido más allá de los plazos establecidos por el Código de fronteras Schengen», explica Colombi, al tiempo que añade que Bruselas no está tomando ninguna medida significativa, por ejemplo, procedimientos de infracción.
Dado que Schengen es un motor clave de la economía de la UE, su desmantelamiento tendría consecuencias directas en el comercio, los desplazamientos diarios al trabajo, el turismo y los costes vinculados a los controles fronterizos, entre ellos infraestructuras y personal.
Se calcula que los costes anuales de funcionamiento oscilan entre 2.000 y 4.000 millones de euros al año, es decir, entre el 0,02% y el 0,03% del PIB total del espacio Schengen.
En términos más generales, la supresión de la zona de libre circulación socava los cimientos de la eurozona, ya que una unión monetaria funciona mejor cuando las mercancías y las personas pueden circular libremente.
Los controles fronterizos permanentes pueden ralentizar la circulación de personas y mercancías por el continente, encarecer el turismo y dificultar los desplazamientos diarios de los 1,7 millones de trabajadores transfronterizos de Schengen.
Sólo eso tendría un coste de entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año, y los países más pequeños, como Eslovaquia y Luxemburgo, serían los más afectados.
Si a eso se añaden cerca de 200 millones de desplazamientos transfronterizos anuales y millones de camiones de mercancías, como los 18 millones que entran en Alemania cada año, el impacto económico total podría duplicarse fácilmente, lo cual podría alterar las cadenas de suministro en toda la UE.
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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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