Bruselas (Euractiv.com/.es) – Es probable que el objetivo climático de la Unión Europea (UE) para 2040 afecte al bolsillo de los europeos, y al de las empresas para las que trabajan.
Que una reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa respecto a los niveles de 1990 (el objetivo del bloque europeo) suponga costes o beneficios netos para los trabajadores, los hogares y la industria dependerá de cómo decidan los líderes de la UE aplicar esa meta, si es que llegan a acordarla.
El objetivo climático de la UE coincide con el esfuerzo renovado de la Comisión Europea para impulsar la competitividad y reducir los precios de la energía.
En los últimos meses se han multiplicado los llamamientos a dar marcha atrás en políticas históricas como la eliminación progresiva de los coches de gasolina y diésel en 2035, o a debilitar medidas climáticas clave externalizando la acción «verde» a través de créditos internacionales de carbono, o limitando el precio que los contaminadores deben pagar por emitir CO2.
Todo ello a pesar de que cada vez hay más señales claras de que no actuar contra el cambio climático podría acabar costando mucho más a la UE, además de minar la capacidad de las empresas europeas para aplicar tecnologías más limpias, entre ellas la electrificación, los combustibles sostenibles y la captura y el almacenamiento de carbono.
El transporte es el único sector de la UE en el cual las emisiones han aumentado desde los años noventa.
También es el sector en el que los ciudadanos tienen más probabilidades de sentir de primera mano el coste de la transición ecológica , incluso a pesar de la entrada progresiva al mercado de coches eléctricos más asequibles.
Los viajeros de negocios y los turistas, entre otros, podrían sufrir un incremento de las tarifas aéreas cuando las compañías empiecen a repercutir en los consumidores el coste de las nuevas normas de combustible sostenible para aviones.
La descarbonización total de la aviación europea para 2050 costará 2,4 billones de euros en inversiones, según el grupo de presión Airlines for Europe.
Por su parte, el grupo de ONG Transporte y Medio Ambiente (T&E) advierte de que en 2030 el sector del transporte podría representar hasta el 45% de las emisiones totales de la UE, por lo que su transformación es fundamental para cumplir los objetivos climáticos.
De igual manera, la renovación de las viviendas europeas mal aisladas y la sustitución de las calderas de gas por bombas de calor eficientes tendrán importantes costes iniciales para muchos hogares, a pesar de que esas medidas apunten a reducir las emisiones y a rebajar la factura energética a largo plazo.
A pesar de los obstáculos, se prevé que el impulso de la UE a la descarbonización de la energía mediante energías renovables reduzca gradualmente la factura energética y la dependencia del bloque de los combustibles fósiles importados, lo cual podría liberar miles de millones para inversiones estratégicas.
Según T&E, los modelos de la Comisión Europea sugieren que una reducción del 90% reduciría la factura petrolera de la UE entre 75.000 y 100.000 millones de dólares al año.
No actuar, por el contrario, conlleva riesgos económicos indirectos, pero enormes, ante el aumento de la temperatura global.
«En el periodo 2031-2050, el coste acumulado adicional para el PIB de una senda que conduzca a un peor calentamiento global podría ascender a 2,4 billones de euros en la UE, en comparación con los costes de una senda compatible con el objetivo de 1,5 ºC del Acuerdo de París», según explicó la Comisión Europea el año pasado.
En ese sentido, un portavoz de la organización de consumidores paneuropea BEUC explicó a Euractiv que los ciudadanos de la UE ya están pagando el precio de «fenómenos meteorológicos extremos acelerados por el cambio climático».
La distribución de los costes y beneficios del objetivo de 2040 dependerá en gran medida de cómo actúe Bruselas y de cómo respondan los gobiernos nacionales .
En ese sentido, ya se han adoptado algunas medidas legislativas esenciales, entre ellas un nuevo precio del carbono para los combustibles de calefacción y transporte.
Para amortiguar el impacto, sobre todo para los hogares con rentas bajas y las pequeñas empresas, la ley incluye un Fondo Social del Clima para reciclar los ingresos y devolverlos a los grupos más vulnerables
No obstante, esta semana 26 de los 27 socios de la UE incumplieron el plazo para presentar los planes nacionales necesarios para activar el fondo.
En términos generales, cualquier retroceso en las políticas climáticas podría desbaratar las señales de precios que estos mecanismos envían al sector privado, frustrando a muchas empresas que ven la transición verde como una oportunidad estratégica, no como una carga.
Está previsto que la Comisión Europea permita, en principio, el uso de créditos de carbono internacionales para cumplir el objetivo del 90%.
Ello significa invertir en proyectos respetuosos con el clima en el extranjero -entre ellos la plantación de árboles en países en desarrollo- y contabilizar el ahorro de emisiones resultante para el objetivo europeo.
Los defensores de la medida sostienen que así podrían reducirse los costes de la transición ecológica. Sus detractores, entre ellos algunos promotores de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono y defensores del medio ambiente muy escépticos, aseguran que socavaría los incentivos para reducir las emisiones en Europa y retrasaría el desarrollo de tecnologías limpias en general.
«La industria europea de tecnologías limpias obtiene los mayores beneficios cuando las inversiones de la UE en clima se realizan en Europa y no en el extranjero. ¿Por qué vamos a externalizar los beneficios que aporta la transición energética a países de fuera de la UE?», se preguntó el diputado socialista Mohammed Chahim (S&D).
Por su parte, Thomas Gelin, de la ONG ecologista Greenpeace, también comparte esa opinión.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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