El plazo para que los gobiernos de los socios comunitarios incorporaran a sus legislaciones nacionales la Ley de Resiliencia de Entidades Esenciales venció en 2024. El objetivo de la norma es garantizar que los países refuercen la resiliencia de once sectores esenciales, que van desde la sanidad hasta el transporte, para que se puedan recuperar en mejores condiciones en caso de ataques o atentados.
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