Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea ha manifestado su disposición a aplicar provisionalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, a pesar de que el Parlamento Europeo decidió esta semana, en una ajustada votación, remitir el controvertido texto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), para que determine si es conforme con el derecho comunitario.
En el marco del Consejo europeo de Bruselas celebrado la pasada noche en la capital belga y comunitaria, varios jefes de Estado y de Gobierno del bloque europeo instaron a Bruselas a seguir adelante, a pesar de la votación en la Eurocámara.
Según los expertos, el TJUE podría tardar varios meses (o incluso se especula con hasta un par de años) en emitir un dictamen sobre este espinoso asunto.
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La presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen, aseguró el viernes que el Ejecutivo de Bruselas aún no ha tomado ninguna decisión oficial, pero aseguró que Bruselas estaría dispuesta a mover ficha y seguir adelante con el procedimiento si alguno de los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) ratifica el texto en sus parlamentos nacionales, un paso que obligaría legalmente a Bruselas a avanzar.
La aplicación provisional del pacto permitiría que alguno de sus apartados entraran en vigor en cuanto un solo miembro del Mercosur lo ratificara. En ese sentido, está previsto que Argentina y Paraguay lo hagan en los próximos días.
«Estaremos preparados cuando ellos lo estén», afirmó Von der Leyen, al tiempo que añadió que hay un «claro interés» en garantizar que los beneficios económicos del acuerdo se hagan efectivos lo antes posible.
El Consejo de la UE aprobó el controvertido acuerdo, negociado desde hace varios años, a principios de este mes.
Por otra parte, en rueda de prensa conjunta con Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó ayer, viernes, a la Comisión Europea a seguir adelante, y aplicar el texto de manera provisional, hasta que el TJUE se pronuncie.
Francia, cuyo poderoso y altamente subvencionado sector agrícola y ganadero se opone con rotundidad al acuerdo, ha advertido de que ignorar la decisión de Estrasburgo equivaldría a una «violación democrática», según aseguró la portavoz del Gobierno, Maud Brégeron.
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(Editado por Charles Zsumksi/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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