Madrid (Euractiv)- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, antaño una unidad de élite poco conocida, se ha convertido en protagonista de las últimas crisis políticas de España. Sus investigaciones sobre corrupción afectan cada vez más al círculo íntimo del Presidente Pedro Sánchez.
Esta semana estalló la polémica tras conocerse que el Ministerio del Interior había ascendido al coronel Rafael Yuste, el respetado jefe de la UCO, apartándole de hecho de varias investigaciones de alto nivel, incluido el llamado «caso Koldo», un escándalo de comisiones ilegales por contratos que ha salpicado al Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez.
Los informes sugirieron rápidamente que se trataba de un ascenso rápido para colocar al frente a alguien «más susceptible a las presiones». Fuentes de la Guardia Civil insisten en que la promoción siguió «los procedimientos y plazos normales», pero el episodio subraya el escrutinio al que está sometida la UCO.
La UCO opera dentro de la Comandancia de Policía Judicial de la Guardia Civil y trabaja exclusivamente bajo órdenes judiciales. Creada en 1987 para luchar contra el crimen organizado, la UCO se ha convertido desde entonces en una de las unidades de investigación más prestigiosas de España, especializada en corrupción, crimen organizado, tráfico de drogas y seres humanos y ciberdelincuencia.
Para evitar filtraciones, las misiones están estrictamente restringidas: ni siquiera los altos mandos están informados de la evolución de los casos encomendados a los cerca de 600 investigadores de la UCO. Los informes se dirigen directamente a jueces y fiscales.
La unidad está recibiendo más atención de la habitual, tras haber sido colocada en el punto de mira político debido a sus investigaciones sobre la mujer y el hermano del presidente Sánchez -ambos enfrentados a procedimientos judiciales separados- y a una investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE.
Junto con el explosivo «caso Koldo», el trabajo de la UCO se ha convertido en el centro de varios escándalos que sacuden la política española. «La atención mediática es excesiva. No hay precedentes», afirma Domingo Medina, secretario de la Asociación Española de Guardias Civiles (AECG).
Históricamente, la UCO lideró investigaciones como el caso Gürtel, el escándalo de corrupción que derribó el Gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en 2018. Pero algunos agentes alertan ahora de los crecientes intentos de interferir en su trabajo.
Nunca antes medios de comunicación, partidos políticos u organizaciones «habían puesto tanta energía en desacreditar la unidad», explica un agente a Euractiv. La lógica es que «si consigo crear un clima de descrédito de la unidad policial, por extensión desacredito sus investigaciones», añade.
«Cualquier intento de influir o desmantelar su labor es un ataque directo al corazón del Estado de Derecho», afirma Daniel Fernández, portavoz de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (AIGC).
Casos recientes, como el procesamiento de la «fontanera» socialista Leire Díez -acusada de orquestar una campaña de desprestigio contra agentes de la UCO y fiscales que investigaban al entorno del presidente del Gobierno-, han avivado aún más el foco mediático sobre el cuerpo.
Aún así, los investigadores de la UCO insisten en que siguen centrados a pesar de las turbulencias políticas. «Los intentos de desacreditar a la unidad no son preocupantes», dijo Medina. «La unidad está preparada»
Lo que más desean, concluyó Fernández, es simplemente «trabajar sin presión mediática ni ser utilizados como arma política.»
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(Editado por cs, cm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)
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