Madrid (Euractiv)- El abogado general de la UE, Dean Spielmann, afirmó el jueves que el movimiento independentista de Cataluña, incluido el referéndum de 2017, no perjudicó los intereses financieros de la UE, y que la Ley de Amnistía española puede amparar los cargos públicos por malversación vinculados a los líderes del movimiento.
Sin embargo, Spielmann señaló que el requisito de la ley para que los tribunales españoles apliquen la amnistía en un plazo de dos meses es «excesivamente corto y restrictivo», lo que «puede infringir el requisito de independencia judicial», según un comunicado de prensa.
El ministro de Justicia español, Félix Bolaños, acogió con satisfacción el dictamen; declaró que reafirmaba la legalidad de la ley. «Esperamos que el TJUE confirme esta interpretación», añadió el ministro, en referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la máxima instancia judicial del bloque.
A petición de dos tribunales españoles a principios de este año, el TJUE inició un procedimiento para evaluar si el movimiento secesionista catalán perjudicó los intereses financieros de la UE y si la amnistía equivale a una «autoamnistía» impulsada políticamente. Se espera una sentencia del TJUE para finales de año, que será vinculante para todos los tribunales españoles.
Hasta ahora, la Comisión Europea ha planteado dudas sobre la compatibilidad de la ley española de amnistía con el derecho de la UE.
El dictamen no vinculante contrasta con una sentencia del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, que rechazó indultar los cargos de malversación pública contra el líder independentista Carles Puigdemont, del partido derechista Junts per Catalunya.
Llarena mantiene una orden de detención en España contra Puigdemont -que vive en Waterloo, Bélgica- que el líder catalán ha recurrido en numerosas ocasiones.
En un intento de asegurarse el apoyo de los siete diputados de Junts para su reelección en 2023, la coalición liderada por los socialistas de Sánchez aprobó el año pasado la ley de amnistía por un estrecho margen de 177 votos a favor y 172 en contra.
La ley formaba parte de un pacto político más amplio entre Sánchez y Puigdemont que también incluía un intento de convertir el catalán en lengua oficial de la UE y la transferencia de competencias migratorias, fiscales y de seguridad a Cataluña, medidas que ambos líderes describieron como necesarias «para lograr la reconciliación política y social definitiva» entre Madrid y Barcelona.
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(Editado por aw/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)
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