Bruselas (Euractiv)- Koen Lenaerts ha advertido de que la corrupción arraigada y las injerencias políticas en las judicaturas nacionales suponen una «grave amenaza» para los cimientos democráticos del bloque, y ha lanzado varias pullas al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
En su intervención del lunes por la tarde en un simposio en Bruselas, el presidente del Tribunal de Justicia de la UE, Koen Lenaerts, invocó repetidamente las recientes polémicas en torno al Estado de derecho en las que se han visto inmersas Hungría y Polonia, aunque en la mayoría de los casos evitó nombrarlas directamente. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y Michael McGrath, comisario de Justicia, se encontraban entre el público.
Lenaerts subrayó que los fondos de la UE deben utilizarse «de modo que no sirvan para enriquecer a una oligarquía que rodea a un gobernante o a un partido gobernante», y criticó a Orbán, de quien los críticos dicen que ha transformado Hungría en un Estado abiertamente corrupto basado en el clientelismo.
Los comentarios del juez llegan en un momento delicado para Orbán. La próxima primavera Hungría celebrará elecciones parlamentarias en medio de presiones presupuestarias que se han incrementado por la decisión de la UE de congelar parte de la financiación por problemas de corrupción y relacionados con la salud del Estado de derecho en ese país.
El partido Fidesz de Orbán ha ido perdiendo terreno frente a TISZA, una fuerza de centroderecha liderada por Péter Magyar, un carismático desertor de Fidesz, de 44 años, que representa la mayor amenaza para Orbán desde que retomó el control del gobierno en 2010.
Como presidente del Tribunal de Justicia de la UE, Lenaerts, de nacionalidad belga, suele evitar los comentarios políticos. Pero esta vez su discurso fue mucho más allá del árido análisis jurídico. Aunque advirtió que no podía «ser más concreto debido a [su] cargo», describió una situación que recordaba mucho a la que vive Hungría, donde «la contratación pública se deniega sistemáticamente a empresas no estatales, favoreciendo a las empresas del entorno del líder o del partido gobernante, del partido dirigente».
En 2021, la Comisión sugirió que Budapest cometía un «fraude sistémico» en relación con la contratación pública vinculada con el fondo de la UE para la recuperación de la pandemia.
Lenaerts defendió que la participación en la Fiscalía Europea (EPPO) -el organismo de la UE que investiga y persigue los delitos que implican fondos de la Unión- debería ser obligatoria para todos los países que reciben fondos de la UE. Describió cómo en algunos Estados miembros las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) -la agencia de la UE encargada de detectar el uso indebido del dinero comunitario- «acaban en la papelera».
Hungría, en particular, se ha negado a adherirse a la OLAF, a pesar de que no tiene una cláusula formal de exclusión voluntaria de la cooperación judicial de la UE. Ello significa que la OLAF depende de los fiscales nacionales de Budapest, que, según los críticos, rara vez actúan sobre la base de sus conclusiones.
Hungría sigue teniendo congelados miles de millones de fondos de la UE por sus disputas con Bruselas sobre la situación del Estado de derecho. Hungría se ha enfrentado repetidamente a Bruselas por cuestiones relacionadas con este asunto, la última vez en relación con una propuesta de prohibición de contenidos LGBTI. En junio, el abogado general del Tribunal de Justicia la UE, alegó que la prohibición infringía la legislación comunitaria. Más adelante se conocerá la sentencia definitiva.
El viernes, Orbán viajó a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, quien concedió a Hungría una exención de las sanciones estadounidenses sobre el petróleo ruso. Ambos acordaron también un «escudo financiero» vagamente definido, según Orbán. Estados Unidos está dispuesto a proteger la economía húngara en caso de que Bruselas castigue aún más a Budapest, manifestó el líder húngaro.
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(Editado por Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)
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