Bruselas (Euractiv.com) – Bélgica y Países Bajos han pedido a la Comisión Europea que el cumplimiento de las normas de Dublín sobre asilo sea una condición previa para recibir ayuda en el marco del nuevo plan de reparto de la carga migratoria, según se recoge en una carta enviada al comisario europeo de Migración, Magnus Brunner.
Las normas de Dublín establecen que el primer país de la Unión Europea (UE) en el que entra un solicitante de asilo es responsable de tramitar las solicitudes. Las normas han sido criticadas desde hace tiempo por imponer una carga demasiado pesada a los países de primera línea a los que llegan en primera instancia la mayoría de los inmigrantes.
El nuevo Pacto de Migración de la UE establece un sistema para compartir las responsabilidades en materia de asilo en todo el bloque mediante reubicaciones, contribuciones financieras o apoyo operativo.
El nuevo sistema permite a la Comisión Europea tener en cuenta cómo aplican los países las normas de Dublín a la hora de decidir quién debe recibir ayuda solidaria.
En la carta, enviada a la Comisión el mes pasado, Bélgica y los Países Bajos reiteran que este vínculo debe mantenerse y aplicarse, e instan a Bruselas a hacer del pleno cumplimiento de Dublín un verdadero requisito previo para beneficiarse de la solidaridad de la UE.
Estaba previsto que el pasado mes de octubre la Comisión Europea publicara su primera evaluación sobre qué países de la UE se enfrentan a una mayor presión migratoria y quién debe hacer qué en virtud del nuevo «fondo de solidaridad» .
Sin embargo, la publicación del informe se ha retrasado.
«El pleno cumplimiento del sistema de Dublín es un requisito previo», escribieron la ministra belga de Migración, Anneleen Van Bossuyt, y el ministro holandés de Migración, David van Weel, al tiempo que añadieron que «la solidaridad debe ir de la mano de la responsabilidad».
La iniciativa belgo-holandesa podría reavivar las viejas tensiones norte-sur que dominaron las conversaciones sobre migración durante años.
Países como Italia y Grecia, que sufren al igual que España las oleadas migratorias en el Mediterráneo, llevan mucho tiempo luchando por llevar a cabo las «devoluciones» en el marco de Dublín -devolver a los inmigrantes al país por el que entraron por primera vez-, lo que, según los Estados del norte, les deja con una parte injusta de las peticiones de asilo.
En una reunión de ministros de Interior de la UE celebrada en Luxemburgo el mes pasado, Bélgica reiteró su postura. «Todos los países deben aplicar las normas de Dublín», dijo Van Bossuyt, un comentario que se interpretó como dirigido a Roma y Atenas.
La misiva insta a la Comisión a garantizar «avances sustanciales» en la aplicación de Dublín antes de junio de 2026, incluido el desarrollo de un plan de acción con puntos de referencia medibles para cada Estado miembro. También pide transparencia en el próximo informe de la Comisión, que permitiría identificar «deficiencias sistémicas» en los sistemas nacionales de asilo.
Esa información, sugieren los ministros, podrían permitir a otros Estados miembros retener las contribuciones de solidaridad de los países que «no cumplan o se nieguen a cumplir sus obligaciones legales.»
Tanto Bélgica como Países Bajos afirman que sus sistemas de asilo están sometidos a una fuerte presión debido a los movimientos secundarios, los solicitantes de asilo que entran a la UE por primera vez por los países del sur pero luego se trasladan al norte.
Según sus datos, aproximadamente el 60% de las solicitudes de asilo en ambos países proceden de este tipo de movimientos, lo que pone a prueba la capacidad de acogida y los servicios públicos.
La carta advierte contra las expectativas poco realistas en cuanto al tamaño del fondo de solidaridad de la UE, y afirma que debe seguir siendo «manejable y realista», dado que varias obligaciones del nuevo pacto no entrarán en vigor hasta mediados de 2026.
Bélgica, con el apoyo de otros 19 países, lideró en octubre una iniciativa para coordinar en toda la UE la deportación de afganos irregulares y delincuentes, e instó a Bruselas a permitir el retorno voluntario y forzoso de los afganos que no tienen derecho legal a permanecer en el bloque, especialmente los considerados una amenaza para el orden público.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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