El aeropuerto de Vilna, capital de Lituania, fue noticia el mes pasado por tener que cerrar dos veces debido a la llegada de decenas de globos procedentes de Bielorrusia. Su carga: miles de paquetes de cigarrillos de contrabando.
El comercio ilícito de cigarrillos es un negocio lucrativo y fácil, y el principal argumento de la industria contra la revisión de los impuestos. Pero los expertos dicen que esa afirmación no resiste el escrutinio. Según cifras de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en 2023 se decomisaron casi 616 millones de cigarrillos ilegales, 60 millones más que el año anterior. Unos 140,6 millones de ellos se habían producido en la UE.
Eso es solo una fracción del número que se fuma en todo el bloque. Un estudio encargado por el gigante del tabaco Philip Morris calculó que en 2024 se consumieron en la UE 39.800 millones de cigarrillos de contrabando, un 10,8% más que en 2023.
«Los cigarrillos son un producto de coste de producción ultrabajo -además de muy rápido- y, encima, hay un gran grupo de consumidores. Los fumadores son sensibles al precio; compran donde sea más barato», declaró a Euractiv una fuente del sector tabaquero.
Según la fuente, en toda Europa hay fábricas ilegales que utilizan maquinaria antigua. «Se amortizan en tres semanas», afirma la misma fuente. Las nuevas, por su parte, son fáciles de comprar en línea, incluso en plataformas como Alibaba, señaló Hughes de la Motte, funcionario de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (TAXUD).
«Si todos fuéramos un poco más listos, podríamos coger esta habitación, comprar dos máquinas en Alibaba para producir cigarrillos y seríamos ricos: a final de mes podríamos jubilarnos todos», bromeó el funcionario durante un reciente panel sobre impuestos en favor de la salud.
La mayoría de los países de la UE -incluidos los que no tienen fronteras directas con terceros países- están afectados, como Francia y Bélgica. El 5 de octubre, la policía flamenca detuvo a seis personas y desmanteló una fábrica ilegal de cigarrillos en Grembergen.
A 42 kilómetros de la fábrica ilegal belga, en torno a la rotonda Schuman de Bruselas, los países de la UE son muy conscientes de la urgencia de recuperar los ingresos que se les escapan de las manos en concepto de impuestos perdidos. Sin embargo, siguen divididos sobre cómo actuar: un debate en el que se mezclan las preocupaciones financieras, los intereses industriales nacionales y las prioridades sanitarias.
Por su parte, la OLAF calcula que 10 millones de cigarrillos suponen unos 2 millones de euros de ingresos fiscales, aunque lo califica de «estimación muy conservadora», ya que las pérdidas dependen en gran medida del mercado final. Si el destino es Francia, los Países Bajos o Bélgica, la evasión fiscal aumenta considerablemente. Según un estudio de KPMG para Philip Morris, el mercado ilícito representó una pérdida de 14.200 millones de euros en ingresos fiscales en 2024.
El 16 de julio, la Comisión presentó una propuesta para aumentar la fiscalidad de los productos del tabaco y ampliar las normas a nuevas alternativas. Varios Estados de la UE se resisten, advirtiendo que unos precios más altos no harían sino abrir la puerta al mercado ilegal. Pero muchos políticos, expertos e investigadores sostienen que esta línea de razonamiento refleja los argumentos de la industria. La Alianza Francesa contra el Tabaco, por ejemplo, recuerda que Italia alberga la mayor fábrica europea de Philipp Morris.
Italia es también un paraíso para esa producción ilegal. En septiembre, la policía aduanera desmanteló la mayor fábrica ilegal del país, cerca de Cassino, en el sur de la región del Lacio. Oculta en un almacén aparentemente abandonado y equipada con maquinaria avanzada, era capaz de producir unos 2.700 millones de cigarrillos al año. Las autoridades calculan que la operación generaba más de 900 millones de euros de ingresos anuales y evadía unos 600 millones en impuestos.
Varios expertos -entre ellos Hana Ross, del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena- sostienen que la mejor manera de combatir el comercio ilegal es mediante una administración fiscal eficaz. «Puede que tengamos un cierto nivel de comercio ilícito, pero los ingresos fiscales siguen estando ahí: cuanto mayor sea el impuesto, mayor será la tasa de comercio ilícito, pero también mayores serán los ingresos», explicó Ross. Y añadió: «También cabe señalar que el precio de los cigarrillos ilegales tiende a seguir al de los legales: cuando sube el precio de los legales, también lo hace el de los ilegales»
La Organización Mundial de la Salud sigue un razonamiento similar. En mayo de 2025, la OMS explicó que los datos tienden a mostrar lo contrario de lo que afirman algunos gobiernos escépticos: el comercio ilícito está impulsado menos por los impuestos altos que por una gobernanza débil y una aplicación ineficaz de la ley.
La Comisión Europea está de acuerdo. Al presentar su propuesta, el Ejecutivo subrayó que las anteriores subidas de impuestos habían contribuido a reducir en un 40 % el número de fumadores, y que se necesitan medidas adicionales sobre trazabilidad, gobernanza y regímenes sancionadores
Una fuente de la Comisión declaró recientemente a Euractiv que la lucha contra el tráfico ilícito dentro de los 27 países de la UE era uno de los motivos de la propuesta. En otras palabras: impuestos más altos significan menos fumadores, y menos fumadores significan un mercado ilegal más pequeño.
La Comisión también argumenta que la reforma ayudaría a armonizar los tipos en todo el mercado interior, donde los impuestos nacionales varían mucho. Con todo, este planteamiento tiene sus límites, ya que la mayor parte de la producción ilícita de tabaco procede de terceros países.
Es probable que el mercado ilícito del tabaco siga prosperando por ahora. Las cifras presentadas por informes de entidades como la OLAF, o del sector privado como KPMG, muestran que las condiciones siguen siendo favorables para los contrabandistas, que se han adaptado fácilmente a las normas vigentes.
Es poco probable que esas normas -formadas bajo una fuerte presión del sector- cambien a corto plazo. Menos de tres meses después de que la Comisión presentara su propuesta sobre fiscalidad del tabaco, Roma envió un dictamen motivado al ejecutivo de la UE cuestionando la subsidiariedad del texto, que afirma que la UE es el nivel administrativo adecuado para legislar sobre esta cuestión.
Rumanía, uno de los países más reacios a modificar la normativa -aduciendo sus fronteras exteriores de la UE, que podrían inundar su mercado de productos ilegales- también cuestionó el planteamiento de la Comisión, aunque no por motivos jurídicos.
«Queda mucho trabajo por hacer», resumió Hughes de la Motte; su departamento fiscal ha estado preparando la revisión de la Directiva sobre el tabaco «durante los últimos cinco años o incluso más». Añadió que, por ahora, la pelota está en gran parte en el tejado de las capitales de la UE.
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(Editado por aw, jp, vib/Euractiv y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)
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