Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea y Tailandia están inmersas en una compleja negociación con vistas a cerrar un ambicioso acuerdo de libre comercio, pero el camino está plagado de obstáculos, y uno de ellos es la pesca.
Las negociaciones con la delegación tailandesa se producen en el marco de un renovado esfuerzo de Bruselas por cerrar acuerdos comerciales con nuevos socios, especialmente en la región de Asia-Pacífico, para mitigar el impacto de la guerra arancelaria con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las últimas conversaciones con Tailandia -iniciadas en septiembre de 2023- alcanzaron su séptima ronda en Bruselas esta semana, y se prevé que el acuerdo se firme en 2026.
Pero al igual que los agricultores advirtieron de que la carne de vacuno argentina inundaría los estantes de los supermercados durante las conversaciones sobre el pacto UE-Mercosur con los países latinoamericanos, los pescadores del bloque europeo temen que el atún tailandés pueda saturar los mercados.
Para la industria atunera europea, sin embargo, es mucho lo que está en juego.
Tailandia es el mayor exportador mundial de conservas de atún, y cualquier concesión arancelaria podría provocar un fuerte aumento de las importaciones.
«Por el momento, las importaciones [de atún tailandés] son bajas, unas 40.000 toneladas al año», afirma Anne-France Mattlet, directora del grupo atunero de Europêche, que representa al sector en la UE.
La única barrera, explica, es el actual arancel de entrada del 24%. «Si el arancel desaparece, sería una historia completamente diferente», agrega.
El atún es el pescado más consumido en la UE, con una media de 2,86 kilos por persona al año -o alrededor de media lata pequeña a la semana por persona-, según un estudio de 2023.
«Tailandia produce 450.000 toneladas al año, por lo que el potencial de exportación al mercado de la UE es muy grande», añade.
Incluso a pesar de los aranceles, Tailandia es uno de los principales proveedores de atún en conserva de la UE, según el Consejo Consultivo de Mercado, organismo que asesora a la Comisión Europea en cuestiones de pesca.
El debate no se limita a los aranceles. El sector pesquero tailandés también se enfrenta a problemas medioambientales y laborales.
Los pesqueros tailandeses están bajo la lupa desde hace una década por los abusos contra los derechos humanos cometidos en sus barcos, sobre todo con inmigrantes procedentes de países vecinos, pero también por las prácticas pesqueras ilegales, explica Max Schmid, director adjunto de la ONG Environmental Justice Foundation (EJF).
Después de que la UE sacara una «tarjeta amarilla»a Tailandia en 2015 -una advertencia formal de Bruselas por la pesca ilegal-, Bangkok emprendió reformas que propiciaron avances significativos.
Pero la EJF advierte de que los recientes cambios políticos han provocado retrocesos. Para Schmid, un capítulo sólido sobre comercio y desarrollo sostenible que vincule esas medidas de protección de los derechos humanos al comercio es «esencial» en el futuro acuerdo con Tailandia.
«Confiamos en que la UE mantenga ese capítulo en el futuro acuerdo (…) eso permitiría que se frenara cualquier retroceso (en la materia)», subrayó.
Tailandia es también un importante centro de transformación, que se abastece de atún y marisco procedente de lo que Schmid define como flotas «problemáticas», como las registradas bajo pabellón chino. En ese sentido se han publicado informes sobre abusos físicos y verbales que podrían constituir trabajo forzado, entre otras prácticas ilegales.
«Creo que existe un consenso entre las ONG y la industria sobre la necesidad de que los Estados miembros controlen adecuadamente las importaciones [tailandesas]», explica Schmid, al tiempo que añade que «bajo ningún concepto» se debe permitir la entrada en la UE de pescado y marisco capturado ilegalmente.
España concentra la mayor parte de las capturas de atún del bloque – más del 90% del listado, la especie más capturada – y alberga la mayor industria transformadora de la UE, con más de 25.000 empleados, sobre todo en Galicia.
En ese sentido, los partidos políticos exigieron que se excluyera el atún de las negociaciones cuando se reanudaron los contactos en abril de este año.
Los políticos españoles han expresado su preocupación en el Parlamento Europeo.
«Las posibles concesiones en el marco del acuerdo comercial serían muy problemáticas para la industria conservera europea», explicó a Euractiv el eurodiputado gallego José Millán Mon, del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor de Estrasburgo.
El sector es «altamente intensivo en mano de obra, especialmente en empleo femenino, y clave para la economía de muchas comunidades costeras», agregó.
«La Comisión Europea es perfectamente consciente de nuestra posición», subrayó Millán Mon, al tiempo que recordó que el Partido Popular ha pedido en repetidas ocasiones que se excluyan las conservas de atún del acuerdo.
Preguntada por Euractiv, la Comisión Europea declinó revelar en qué punto se encuentran las conversaciones sobre el acceso al mercado del atún.
Europêche aboga por unas normas de etiquetado más estrictas para los productos pesqueros para dar una ventaja competitiva a los pescadores europeos que cumplan unas normas medioambientales y sociales más estrictas.
Las normas de la UE en vigor para el pescado transformado son «casi inexistentes», según Mattlet.
«Cuando compras una lata de atún en un supermercado, ni siquiera conoces la bandera del buque que lo ha pescado (…) puedes poner simplemente «atún»», segura.
Eso deja a los consumidores a ciegas, añade Mattlet. «Tienen derecho a saber si la bandera del buque está vinculada a riesgo de trabajo forzado o pesca ilegal», agrega.
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Maria Simon Arboleas ha contribuido a este artículo
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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