Bruselas (Euractiv.com) – La Comisión Europea ha propuesto esta semana importantes modificaciones de sus normas sobre deforestación, que aliviarían notablemente los requisitos para agricultores y silvicultores europeos, pero el apoyo del Parlamento Europeo no está garantizado.
Bruselas propuso el martes retrasar la aplicación de la norma para las pequeñas empresas, frenando la entrada en vigor hasta diciembre de 2026. También introdujo una suspensión de seis meses de las sanciones para todas las empresas en caso de incumplimiento.
Una novedad destacada de la normativa es la nueva categoría de «micro y pequeños operadores primarios», que hace referencia a los pequeños agricultores y silvicultores. Los pequeños propietarios sólo tendrían que registrarse una vez en el sistema informático de la UE y cargar la dirección postal o las coordenadas de sus parcelas.
Sin embargo, esta categoría sólo se aplicaría a los productores de países de bajo riesgo, grupo que incluye a los países de la UE y a socios comerciales como el Reino Unido, Estados Unidos y Australia.
Según Bruselas, la nueva categoría abarcaría a casi todos los agricultores y silvicultores de la UE.
Pero varios grupos del Parlamento Europeo han acusado a la Comisión de tratar de facilitar el cumplimiento de la normativa a Washington, después de comprometerse a abordar las inquietudes de Estados Unidos en el marco del acuerdo Tunberry del pasado agosto.
Es poco probable que la propuesta sea bien acogida por los países de «riesgo estándar» -una lista que incluye a los principales productores de cacao, aceite de palma, café y ganado vacuno, entre ellos Indonesia, Malasia, Argentina, Brasil y Uruguay-, todos los cuales han criticado reiteradamente la clasificación de riesgo por considerarla injusta.
Otro cambio clave es la reducción de los requisitos de diligencia debida, es decir, la documentación que demuestra que los productos vendidos en el mercado de la UE no proceden de tierras deforestadas.
Sólo tendrá que presentarlos la primera empresa que introduzca el producto en el mercado de la UE. Antes debían hacerlo todos los operadores de la cadena de suministro.
Según un alto funcionario de la Comisión, los cambios evitarán la sobrecarga del sistema informático -problema que motivó la reapertura de la norma EUDR en primer lugar- y garantizarán su correcto funcionamiento.
La cuestión principal es si los cambios se podrán aprobarse en tiempo récord -a mediados de diciembre- antes de que la normativa entre en vigor a finales de año.
En ese sentido, un alto funcionario de Bruselas señaló que ese plazo esa «factible», y recordó que el Parlamento y el Consejo (Estados miembros) ya han acordado plazos similares el año pasado. «El objetivo es que el texto se publique en el Diario Oficial (de la UE) antes del 30 de diciembre», añadió.
Según fuentes parlamentarias, es probable que las negociaciones se lleven a cabo por la vía rápida, saltándose la fase de comisión y pasando directamente a la sesión plenaria.
El eurodiputado Pascal Canfin (del grupo liberal Renovar Europa), ponente alternativo del expediente, afirma que los cambios podrían abrir huecos que se podrían utilizar para continuar el flujo de importaciones ilegales de madera procedentes de Rusia y Bielorrusia.
A pesar de ello, aseguró que aceptaría la propuesta tal y como está. «Espero que el Partido Popular Europeo (PPE) haga lo mismo», señaló.
Una postura similar adoptaron los socialistas (S&D), La eurodiputada de ese grupo Delara Burkhardt la calificó de «equilibrio aceptable», y expresó su confianza en que los conservadores alemanes (CDU/PPE) -algunos de los principales detractores de la norma EUDR- la apoyen.
Por su parte, la eurodiputada de Los Verdes Marie Toussaint aseguró el martes que la Comisión propone cambios de gran calado y «cede a la presión de la derecha y los lobbies agroindustriales».
Pero el PPE cuyo grupo es mayoritario en el Parlamento Europeo seguido del S&D, aún no ha revelado su postura.
«Las enmiendas propuestas son fundamentalmente un paso en la dirección correcta (…) el factor decisivo ahora será si estos cambios resuelven realmente los problemas a los que se enfrentan nuestras empresas en la práctica», afirmó la eurodiputada alemana Christine Schneider, del PPE. El grupo de centroderecha decidirá su posición final sólo después de analizar la propuesta en detalle, dijo su colega de partido Peter Liese.
En el Consejo de Medio Ambiente celebrado ayer, martes, varios países de la UE respaldaron la apuesta de la Comisión porque simplifica la normativa, mientras que otros -entre ellos Letonia y Polonia- pidieron cambios de mayor calado, y lamentaron que las reformas son demasiado «selectivas».
A principios de mes, 17 Estados miembros expresaron su apoyo a aplicar un retraso mayor.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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