Bruselas (Euractiv.com/.es) – El sector industrial de la Unión Europea (UE) ha expresado su rechazo a un impuesto del bloque comunitario a todos los residuos plásticos que los gobiernos no reciclen, una medida destinada a engrosar el Marco Financiero Plurianual (MFP).
La iniciativa de la Comisión Europea, que apunta a gravar la creciente montaña de residuos electrónicos que se producen en la UE, se ha topado con el fuerte rechazo de la industria.
El objetivo de la medida es generar nuevas fuentes de ingresos para financiar el Marco Financiero Plurianual de la UE (MFP) para el periodo 2028-2034, dotado con 2 billones de euros.
Con la medida, Bruselas confía en recaudar 15.000 millones de euros anuales. Se trata de que los Estados miembros paguen por cada tonelada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no recogidos.
La idea central de la medida es que cuanto mejor recoja y clasifique cada país los teléfonos obsoletos, las placas de circuitos impresos y los viejos televisores, entre otros productos, menos pagará, lo cual incentivará una mejor gestión de los residuos y proporcionará al mismo tiempo una fuente de ingresos muy necesaria.
No obstante, los fabricantes de esos productos sugieren que el ejecutivo de la UE está más interesado en lo segundo.
«Se presenta como un conjunto de instrumentos para promover la economía circular«, afirma Pascal Leroy, director general del Foro RAEE, que representa a 50 organizaciones de productores de todo el mundo.
«Pero en realidad, su objetivo es básicamente recaudar 15.000 millones de euros», subraya.
El foro figura entre los firmantes de una carta abierta publicada este viernes en la cual se pide al comisario de Presupuesto, Piotr Serafin, y a la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que retiren la propuesta.
La tasa de residuos electrónicos se basa en datos poco fiables, y la fórmula utilizada para calcular los gravámenes es «una construcción jurídica arbitraria que no refleja con exactitud la cantidad de residuos electrónicos generados en un año determinado», escriben en su misiva.
Según Leroy, a 2 euros por kilo, el impuesto es «carísimo». En su opinión, podría proporcionar un incentivo perverso para fomentar la evasión, dependiendo de cómo los países de la UE repercutan el coste a nivel nacional.
El resultado neto sería «debilitar la competitividad» y crear un «riesgo significativo» de desviar recursos de las iniciativas de economía circular, según la carta, cuyos cofirmantes representan a fabricantes de calefacción, iluminación, electrodomésticos y herramientas eléctricas.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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