Bruselas (Euractiv.com/.es)- Tres años después de que el escándalo «Qatargate» sacudiera los cimientos de la Unión Europea, el Parlamento Europeo se defiende discretamente de las autoridades belgas que investigan presuntas irregularidades entre los legisladores.
Una investigación de Euractiv ha sacado a la luz tensos intercambios entre miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento y un alto fiscal belga, lo que apunta a un enfrentamiento sobre el papel que debe desempeñar el poder judicial belga en la vigilancia de las instituciones democráticas de la UE.
Aunque el enfrentamiento gira en torno a la cuestión de si se debe levantar la inmunidad de los eurodiputados sospechosos de irregularidades, su resultado podría tener profundas implicaciones para la supervisión de los órganos centrales de Europa.
En 2022, tras la revelación de la existencia de maletas llenas de dinero en el piso privado de la Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, la Presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, prometió reformas radicales y plena cooperación con los investigadores belgas, entonces aclamados como los nuevos sheriffs anticorrupción del bloque.
Pero tres años después de la conmoción que supuso el «Qatargate» -la investigación que aún no ha concluido y que vincula a legisladores con presuntos sobornos de Qatar y Marruecos-, el ambiente no podría ser más diferente.
Cuando en marzo saltó la noticia de una nueva investigación belga sobre el Parlamento -esta vez vinculada a supuestas operaciones de influencia del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei-, Metsola y muchos en la cámara se irritaron. En lugar de prometer transparencia, el Parlamento se puso a la defensiva, cuestionando abiertamente la credibilidad del sistema judicial belga.
El punto álgido se produjo cuando los fiscales trataron de levantar la inmunidad a un eurodiputado sospechoso de asistir a un acto relacionado con Huawei, pero descubrieron que el legislador nunca había estado allí. Metsola denunció lo que calificó de «descuido» y se comprometió a proteger la reputación de la institución.
Desde entonces, el Parlamento se ha resistido a otras peticiones belgas de suspender la inmunidad de otros cuatro legisladores, en lo que se ha convertido en un discreto tira y afloja institucional con el poder judicial, según descubrió Euractiv.
Los intercambios confidenciales entre miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento y el fiscal belga que lleva el caso muestran una creciente desconfianza por ambas partes. Seis meses después de que se solicitaran las suspensiones de inmunidad, el Parlamento aún no ha fijado una votación, y los eurodiputados siguen discutiendo sobre si levantar la protección a sus colegas y criticando a puerta cerrada el planteamiento del fiscal.
La disputa pone de manifiesto un fallo más profundo en la arquitectura de la UE: La gobernanza del Parlamento nunca se diseñó para resistir la magnitud actual de las campañas de influencia privadas y extranjeras, lo que lo deja mal equipado para hacer frente a la amplia zona gris que ha surgido entre los grupos de presión, el «business as usual» y la corrupción descarada.
Esto ha dejado al organismo expuesto en dos frentes: ante los fiscales belgas, que a menudo ven patrones delictivos donde muchos eurodiputados sólo ven política, y ante un poder judicial belga obstaculizado por sus limitadas competencias frente a una institución de la UE protegida por la inmunidad.
Mientras ambas partes se atrincheran, el problema de la rendición de cuentas en la UE vuelve a quedar paralizado por escaramuzas burocráticas, un sistema en el que los escándalos desaparecen tras formularios, comités y procedimientos.
En el centro de la disputa se encuentra la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, compuesta por 25 miembros y encargada de revisar la petición de Bélgica de levantar la inmunidad a cuatro eurodiputados vinculados a la investigación sobre Huawei. Huawei, que no ha sido acusada, dijo que dos empleados violaron las leyes locales y fueron despedidos, añadiendo que está cooperando plenamente con las autoridades judiciales.
A principios de julio, los miembros de la comisión parlamentaria convocaron a la fiscal federal belga Ann Fransen para una sesión a puerta cerrada que dos de los asistentes describieron como «tensa», según confirmaron más tarde en una carta del presidente de la comisión, Ilhan Kyuchyuk, a Fransen.
Kyuchyuk escribió que el caso de Bélgica «no estaba suficientemente fundamentado» para llegar a una conclusión. Exigía más detalles sobre los presuntos delitos, su base jurídica y cualquier prueba concreta que vinculara a los legisladores con las acusaciones. Los eurodiputados cuestionaron incluso la legalidad de la propia petición, según descubrió Euractiv.
Aunque esas peticiones parecían ordinarias, la respuesta de Fransen en septiembre dejó claro que los fiscales las consideraban un desafío directo, según fuentes parlamentarias.
La fiscalía contraataca
En su respuesta, Fransen dijo que los eurodiputados sólo debían verificar si una petición de inmunidad tenía motivaciones políticas, no exigir el acceso a pruebas.
Fransen advirtió de que este tipo de peticiones podría socavar el secreto de la investigación y la presunción de inocencia, y podría poner en peligro la investigación al delatar a sospechosos o dañar reputaciones si se filtrasen detalles.
En respuesta a las peticiones de una mayor justificación, Fransen argumentó que las solicitudes de inmunidad deben hacerse tan pronto como surjan indicios creíbles de irregularidades -incluso antes de que se reúnan todas las pruebas-, ya que los investigadores no pueden proceder sin la autorización del Parlamento.
Según la interpretación belga de la legislación de la UE, la inmunidad impide a los fiscales recoger pruebas clave -incluidas las declaraciones de los eurodiputados- hasta que el Parlamento lo apruebe. Sin embargo, los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos siguen presionando a los fiscales para que aporten pruebas más sólidas antes de conceder ese permiso.
La fiscalía federal belga, a la que se le pidió que hiciera comentarios, dijo que «se abstendría de hacer ninguno» dado el procedimiento en curso.
Frustración creciente
La situación podría paralizar las investigaciones sobre posibles irregularidades en la UE, ya que los eurodiputados se muestran cada vez más reacios a conceder la inmunidad a Bélgica.
La Comisión de Asuntos Jurídicos suele tardar unos cinco meses en tramitar estos casos, y algunos superan el año, aunque la mayoría acaban aprobándose. Esta vez, sin embargo, la maquinaria se ha ralentizado. Un miembro de la comisión declaró a Euractiv que la resistencia a la investigación de Huawei «no tiene precedentes».
Dentro del Parlamento, la frustración va en aumento. Algunos eurodiputados reconocen en privado que las decisiones de inmunidad se han convertido en moneda de cambio en la política entre grupos, entre acusaciones de maniobras por la puerta de atrás para proteger a la institución, o a determinados grupos políticos del escrutinio. Otros simplemente acusan a los fiscales de infligir daño reputacional sin pruebas suficientes.
En junio, Metsola se comprometió a revisar los procedimientos de cooperación con la policía belga, advirtiendo de que la reputación de los legisladores se estaba viendo dañada por acusaciones no verificadas hechas públicas demasiado pronto. En el marco de la investigación sobre Huawei, las autoridades belgas llegaron a retirar una solicitud de inmunidad tras un error. Ese mismo verano, Metsola envió una carta formal a los Estados miembros, vista por Euractiv, recordándoles las normas que rigen este tipo de solicitudes.
«Cuando es necesario, el Parlamento Europeo coopera plenamente con las autoridades policiales y judiciales para ayudar al curso de la justicia y seguirá haciéndolo», dijo un portavoz del Parlamento, declinando hacer más comentarios.
Por ahora, esa cooperación parece haberse topado con un muro.
Eddy Wax y Nicoletta Ionta han contribuido a este artículo.
(Traducido y editado por Inés Fernández-Pontes/ Euractiv.es)
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