Madrid (Servimedia) – El Pleno del Congreso aprobó este miércoles la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina después de que Podemos cambiara su posición esta misma mañana aunque la formación lo sigue criticando.
De esta manera, la convalidación del decreto cosechó 178 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención. Además, se aprobó tramitarlo como proyecto de ley con 212 votos a favor, 135 en contra y 1 abstención. Junts también la apoyó a pesar de que pidió retirar el embargo por la expectativa de que se alcance pronto un acuerdo de paz.
“Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel”, señalaron desde Podemos, que considera que el decreto ha demostrado ser “un coladero” durante las semanas que ha estado en vigor.
En el debate, que tuvo lugar ayer, Belarra tachó el decreto de “fake” y acusó al Gobierno de “tener complicidad con el Gobierno de Israel”. Mientras, los portavoces del PP y Vox confirmaron también su rechazo mientras que formaciones como ERC, EH Bildu, PNV, Compromís y BNG anunciaron su apoyo, pese a tacharlo de insuficiente o tardío.
“El Gobierno no ha dejado de comprar y vender armas a Israel en dos años”, denunció la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien advirtió de que con este embargo “decenas de contratos públicos siguen sin cancelarse”. También denunció que desde su aprobación cuatro barcos han pasado por puertos españoles con armas con destino a Israel.
Por su parte, en nombre del PP, Cayetana Álvarez de Toledo reprochó al Gobierno que “en el aniversario de la mayor matanza de judíos desde el genocidio nazi traen al Congreso un decreto que llama genocida a Israel” y se preguntó «cómo va a respetar a las víctimas de Hamás un Gobierno al que Hamás felicita”. “Exhiban su antisemitismo y ahorren sus lecciones morales”, apostilló.
En la misma línea, el portavoz de Vox, Alberto Asarta tachó de “impresentable” que el Gobierno lleve el decreto al Congreso coincidiendo con el segundo aniversario de los atentados de Hamás y lo consideró “una “muestra más del antisemitismo y de la obsesión antisraelí del Gobierno de España”. También advirtió de que va en contra de la seguridad y de los intereses del país.
En la defensa del decreto, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió que se trata de “un texto de máximos” y que “consolida” el embargo a la venta de armas a Israel que “ya veníamos aplicando”.
Además, recordó que se cumplen ahora dos años desde “los terribles atentados» perpetrados por Hamás, por lo que trasladó su apoyo a las más de 1.200 víctimas y sus familiares, especialmente a las de los dos ciudadanos españoles asesinados ese día.
“Seguimos condenando de forma rotunda esos ataques”, aseguró Cuerpo, quien exigió también en nombre del Gobierno la “inmediata liberación” de los rehenes que siguen secuestrados, así como “el fin del genocidio al que se está sometiendo al pueblo palestino”.
También defendió “la coherencia de lo que estamos haciendo” con medidas como el decreto, que según destacó “va de la mano de la respuesta de la ciudadanía», que exige medidas para parar el genocidio y que se respeten los derechos humanos.
El real decreto de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina contempla “el embargo total de armas” a Israel, aunque con la posibilidad de que el Gobierno autorice excepciones a esta norma.
El texto aprobado el pasado 23 de septiembre por el Consejo de Ministros incluye cuatro medidas esenciales, que contemplan la consolidación del embargo, la denegación de solicitud de tránsito para los combustibles con posible uso militar en Israel, la prohibición de comercialización de productos originarios de asentamientos ocupados y la prohibición de la publicidad de comercialización.
En lo que respecta al embargo total de armas, se prohíben tanto las exportaciones como las importaciones, con destino u origen en Israel, de armas, material de defensa y material de doble uso.
Para garantizar su cumplimiento, el Ministerio de Exteriores elaborará una propuesta de códigos postales de las localidades a la que hacen referencia los territorios ocupados, que después necesitará la aprobación de la Agencia Tributaria y que se trasladará a los funcionarios en Aduana.
La normativa también obliga al Gobierno a rendir cuentas y a comparecer trimestralmente en el Congreso para informar de la ejecución del real decreto. Estas comparecencias también servirán para que el Ejecutivo informe de si se están produciendo desvíos de otros países, dentro del marco de la unión aduanera.
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(Editado por JBM/clc/Servimedia)
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