Los Estados miembros apoyan de manera unánime la mejora de la cooperación con terceros países, según la nota, incluido el analizar las opciones legales que permitan a Frontex organizar «devoluciones de terceros países a otros terceros países», por ejemplo, el envío de migrantes desde un Estado de tránsito de vuelta a su país de origen o a otro país donde puedan buscar protección.
Algunos gobiernos incluso han planteado conceder a Frontex un papel de apoyo en los llamados «centros de retorno», instalaciones en alta mar donde los migrantes podrían ser trasladados a otros países en virtud de la nueva propuesta de retorno de la UE.
La flexibilidad en la negociación de acuerdos específicos con terceros países podría hacer de la agencia «un socio más atractivo» a lo largo de las rutas migratorias, añade el documento consultado por Euractiv.
Otro punto de controversia será el cuerpo permanente de la agencia europea. Von der Leyen ha prometido triplicar el número de efectivos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas hasta 30.000 en 2027. Pero las capitales se muestran cautelosas e insisten en que «el mandato y las tareas futuras» de la agencia se tienen que definir con claridad antes de cualquier ampliación.
Aunque los Estados miembros están de acuerdo en que deben conservar la responsabilidad principal de la gestión de las fronteras y las decisiones de retorno, el texto consultado por Euractiv destaca el «interés» en examinar si Frontex podría asumir funciones secundarias de apoyo en el marco de la gestión integrada de fronteras de la UE.
La Presidencia danesa del Consejo de la UE ha pedido a las capitales que envíen sus comentarios sobre esa propuesta.
Varios países sostienen que el reglamento actual no permite a Frontex cumplir los requisitos del nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo verano, ni para contrarrestar las «amenazas híbridas» en las fronteras de la UE.
El debate se desarrolla en un contexto tenso. Frontex lleva mucho tiempo siendo objeto de críticas por pasar por alto abusos de derechos en las fronteras exteriores de la UE, que culminaron en 2022 con la dimisión del entonces Director Ejecutivo Fabrice Leggeri -hoy eurodiputado- a raíz de las investigaciones sobre el presunto papel de la agencia en las expulsiones ilegales.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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