Bruselas (Euractiv.com/.es) – El atún, el pescado preferido de los europeos, está en el centro de una nueva polémica sobre su captura tras una controvertida sentencia de la Justicia del bloque comunitario.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado recientemente que la Comisión Europea no evaluó correctamente una denuncia de la ONG francesa BLOOM sobre su oposición en 2023 a prohibir los dispositivos de concentración de peces (DCP) en el Océano Índico.
La sentencia obliga a la Comisión Europea a defender su postura, respaldada por el sector, que afirma que la propuesta de prohibición persigue bloquear el acceso de los buques europeos a esas aguas.
Los DCP son objetos flotantes con cuerdas o redes que cuelgan bajo el mar para atraer a los peces, lo que permite a las tripulaciones rodearlos con grandes redes de «cerco» y subirlos a bordo.
Es un método muy utilizado por la flota atunera de altura de la Unión Europea (UE), sobre todo por buques franceses y españoles, pero las organizaciones ecologistas denuncian que mata a tortugas, tiburones y rayas, y puede llegar a las playas o dañar los arrecifes de coral.
El director científico de BLOOM, Frédéric Le Manach, calificó la sentencia de «momento de clarificación» tras años de campaña, y se mostró confiado en que la Comisión Europea cambie su postura en las próximas reuniones de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI).
El atún es la especie de pescado más consumida en la UE, en su mayor parte en conserva, aunque alrededor del 70% se importa.
Gran parte de las capturas de la UE en el Océano Índico se procesan en países de la región, como las Seychelles antes de entrar en el mercado europeo.
No obstante, el sector del atún restó importancia a la sentencia del TJUE. «La decisión del Tribunal sólo afecta a una cuestión de procedimiento interno de la Comisión Europea», aseguró Anne-France Mattlet, directora del grupo atunero de Europêche, el lobby europeo del sector.
En ese sentido, Mattlet defendió la pesca con red de cerco, que calificó de sostenible, al tiempo que elogió las normas de pesca de la UE, que también se aplican en el extranjero, y están entre las más estrictas del mundo.
Cuando se propuso una prohibición parcial de los DCP en la CAOI en 2023, Europêche la criticó , calificándola de intento de obligar a los buques de la UE, así como a los de Seychelles, Mauricio, Omán, Tanzania y Corea, a abandonar esas aguas.
El grupo alegó que ninguno de los partidarios de la prohibición utilizaba DCP.
«No sólo era injusto, sino también inviable desde el punto de vista operativo», explica Mattlet a Euractiv.
En ese sentido, la experta aplaudió las nuevas normas sobre DCP adoptadas por la CAOI en 2024, que incluyen ciertas restricciones pero no una prohibición total.
En opinión de Mattlet, el sector está evolucionando en camino a usar artes de pesca que no se enredan, al tiempo que restó importancia a las denuncias sobre la generalización de capturas accesorias. Las boyas «inteligentes» ancladas a muchos DCP también pueden ayudar a reducir las capturas accidentales mediante el uso de ecosondas para identificar las especies, asegura.
Como respuesta a las acusaciones de sobrepesca, Mattlet señala que todas las principales especies de atún tropical de la CAOI tienen ahora límites de captura específicos.
BLOOM no está convencida.
«La industria de la UE debería buscar formas alternativas de pesca», comenta Le Manach, al tiempo que destaca la pesca de «banco libre», en la cual los buques rastrean al atún a lo largo de sus rutas migratorias naturales y despliegan redes en aguas abiertas en lugar de rodearlos con DCP.
«Europeche se sigue quejando de que hay un complot contra la industria de la UE para expulsarla de todas partes, pero se trata de la habitual retórica trumpista», asegura Le Manach.
La Comisión Europea tiene hasta finales de septiembre para recurrir la sentencia del TJUE. BLOOM también ha demandado a Francia por su sede en la CAOI, con un veredicto pendiente en París.
La disputa entre Europêche y BLOOM se remonta a hace años, cuando la industria acusó a la ONG de deber dinero a las instituciones de la UE y afirmó que su presidente se beneficiaba de representar a gigantes de los combustibles fósiles, acusaciones que BLOOM niega rotundamente.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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