María Mendiluce es Consejera Delegada de la Coalición We Mean Business, formada por siete organizaciones líderes en sostenibilidad sin ánimo de lucro. Es experta en desarrollo sostenible, energía y acción por el clima, con más de 25 años de experiencia en empresas, gobiernos y ONG.
El mayor despliegue del Mecanismo de Protección Civil de la UE está luchando contra los incendios forestales en España. Es una muestra sorprendente de la solidaridad europea: una fuerza supranacional que se activa rápidamente a través de las fronteras y presta ayuda tangible a gran velocidad. Pero también deja al descubierto una grave laguna: Mientras Europa puede coordinarse entre países, muchos Estados miembros siguen sin coordinarse dentro de su propio territorio.
En España, los incendios han arrasado regiones gobernadas por distintos partidos -Galicia, Castilla y León, Extremadura-, indiferentes al control político. Mientras las llamas cerraban carreteras y vías férreas, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso algo poco frecuente en las democracias europeas: un pacto climático entre partidos. Un llamamiento para despolitizar la emergencia climática y construir un marco nacional de acción basado en la ciencia, no en las plataformas de los partidos.
Los críticos sostienen que Sánchez está utilizando el pacto para enmascarar una mala gestión y ocupar más espacio político del necesario. Los líderes regionales, incluidos los conservadores, se han mostrado en ocasiones más abiertos que sus homólogos nacionales.
Sánchez no sólo está respondiendo a un verano de crisis. Está apuntando hacia una realidad política a la que pronto se enfrentarán otros líderes europeos: la convergencia de la adaptación y la mitigación como una responsabilidad compartida y cada vez más ineludible.
Durante décadas, la mitigación del cambio climático -el impulso para reducir las emisiones- se ha considerado dominio de la izquierda progresista y el centro-derecha. La adaptación -prepararse para inundaciones, sequías, incendios- era más pragmática y tenía menos carga política. Esa división se está disolviendo. El aumento de la frecuencia y el coste de los efectos del cambio climático puede que pronto atraiga a la arena climática incluso a actores reticentes, no por ideología, sino por exposición.
Cuando llegan los incendios o falla la energía, la negación del clima no sobrevive al contacto con la realidad vivida. Este mes, en España, mientras la UE enviaba aviones de extinción de incendios y apoyo logístico, el Parlamento bloqueaba un paquete de reformas nacionales políticamente neutras, el llamado «decreto contra los apagones». Diseñado para modernizar la red, acelerar la electrificación y desbloquear la inversión en energías limpias, fue víctima de la política a corto plazo.
La infraestructura necesaria para la descarbonización también es necesaria para la resiliencia. Energía solar local, redes inteligentes, almacenamiento descentralizado, flexibilidad de la demanda: son herramientas tanto para la reducción de emisiones como para la respuesta climática. Los expedientes políticos pueden diferir, pero el resultado -sistemas energéticos que sobreviven a una crisis y reducen las emisiones- es el mismo.
España no es un caso atípico. Europa es el continente que más rápido se calienta del mundo. Grecia, Francia y los Balcanes se enfrentan a una temporada de incendios cada vez más intensa. Las inundaciones en Italia y Alemania han puesto a prueba los sistemas nacionales de respuesta. Y en todo el continente, los votantes se preguntan no sólo qué piensan hacer los gobiernos, sino si sus sistemas políticos son capaces de hacerlo.
La UE merece reconocimiento por haber creado un marco que funciona. El Mecanismo de Protección Civil -activado 16 veces durante la actual temporada de incendios- es un raro ejemplo de infraestructura de crisis de la UE rápida, eficaz y respetada. Pero lo que funciona a nivel supranacional debe reproducirse ahora a nivel nacional. La propuesta de Sánchez es un modelo: un compromiso interpartidista basado en la ciencia para la continuidad de la gobernanza climática; no la unanimidad, sino una dirección duradera.
Es posible que otros países tengan que explorar mecanismos similares. La volatilidad política, la fragmentación de las coaliciones y los ciclos electorales debilitan la planificación a largo plazo. Pero el clima no funciona en plazos de cinco años. Si se quiere mantener la confianza de los ciudadanos, los gobiernos deben demostrar que pueden actuar, no sólo durante un incendio forestal, sino antes de que falle la red eléctrica, se pierdan las cosechas o se agote el agua.
No se trata sólo de un reto técnico. Es un reto democrático. Las estructuras de gobernanza que evolucionaron para la deliberación y el desacuerdo deben ahora dar cabida a la coherencia y la coordinación. Esto implicará nuevas herramientas institucionales: marcos climáticos interpartidistas, salvaguardias legislativas para planes a largo plazo, mayor alineación entre los niveles regional, nacional y de la UE. En algunos países, también puede significar compromisos constitucionales: el clima como mandato compartido.
Los incendios de España son una advertencia. También son una invitación a repensar cómo gobernamos bajo la presión del clima y cómo nos preparamos no sólo para un tiempo más intenso, sino para una política más compleja.
Lo primero es inevitable. Lo segundo es una elección. La adaptación puede ser el factor de igualdad política que Europa no vio venir.
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