Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Parlamento Europeo ha denunciado al Consejo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por haber sido marginado de los debates previos a la aprobación del programa europeo de préstamos de defensa (SAFE), dotado con 150.000 millones de euros, según anunció este miércoles el servicio de prensa de la Eurocámara.
En un intento de impulsar la industria europea de defensa e incentivar el rearme de los Estados de la UE, la Comisión Europea activó un procedimiento de urgencia para eludir al Parlamento, descontento de sus cargos electos.
«El Parlamento ha presentado hoy (20 de agosto) ante el Tribunal de Justicia (TJUE) una solicitud de anulación del reglamento SAFE», explicó a Euractiv una fuente del servicio de prensa de la Eurocámara.
El programa SAFE, al cual, entre otros países del bloque, se ha acogido España, fue propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado mes de marzo para acelerar el gasto militar de la UE.
Los ministros del ramo de los países miembros de la UE dieron en mayo su aprobación definitiva a la medida, sin consultar al Parlamento Europeo.
Hasta la fecha, dieciocho países de la UE han manifestado oficialmente su interés en obtener préstamos para licitaciones por un importe mínimo de 127.000 millones de euros.
A pesar del éxito de la convocatoria, la Eurocámara ha dejado patente su enfado, tras subrayar que el «instrumento cuenta con el pleno apoyo del Parlamento […] Se trata de la base jurídica elegida, que socava la legitimidad democrática».
Para poder saltarse la aprobación parlamentaria pertinente, Von der Leyen esgrimió un apartado de los tratados de la UE (el artículo 122 del TFUE), normalmente reservada para emergencias como la pandemia de COVID-19, que permite acelerar el proceso legislativo al reducir significativamente el tiempo de negociación del Parlamento.
«El uso del artículo 122 para SAFE como base jurídica fue, en opinión del Parlamento, incorrecto desde el punto de vista del procedimiento y sencillamente innecesario. Socava la legitimidad democrática a los ojos de los ciudadanos, y no hay Parlamento en el mundo que lo acepte», aseguró este miércoles el servicio de prensa del Parlamento en comentarios a Euractiv.
«Por eso, el Parlamento presenta una demanda por base jurídica inadecuada», agregó la misma fuente.
En una carta a Von der Leyen, la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, advirtió en mayo de que la Comisión Europea corría el riesgo de tener que responder ante el TJUE por la medida.
La jefa de Bruselas refutó la advertencia, argumentando que el uso de la cláusula de emergencia está «plenamente justificado», ya que SAFE es «una respuesta excepcional y temporal a un desafío urgente y existencial», según dijo entonces.
Los países de la UE que han solicitado los préstamos en principio no se verán afectados por la decisión del Parlamento Europeo.
En su denuncia ante el TJUE, la Eurocámara solicitó mantener los efectos del reglamento SAFE hasta que se adopte una norma que eventualmente lo sustituya.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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