Bruselas/Madrid (Euractiv.com/.es)- El Gobierno se niega a comentar las recientes críticas sobre el polémico contrato adjudicado por el Ministerio de Interior al gigante tecnológico chino Huawei, después de que tanto funcionarios de la Unión Europea como de Estados Unidos expresaran su preocupación.
Mientras Pedro Sánchez se prepara para partir hacia su retiro anual de verano en Lanzarote, otro escándalo ha salido a la luz que no el presidente parece no estar dispuesto a abordar: el contrato de 12 millones de euros de su Gobierno con la compañía tecnológica Huawei para el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales.
El acuerdo, revelado a principios de este mes, ha provocado duras críticas en Madrid y ha hecho saltar las alarmas en Bruselas y Washington por los potenciales riesgos para la seguridad nacional, y europea, relacionados con los vínculos de Huawei con Pekín.
A pesar de la creciente presión tanto a nivel doméstico como de los aliados internacionales, Sánchez no ha hecho ninguna mención a la polémica durante su compadecencia antes los medios de este lunes, ni su Gobierno tampoco se ha postulado al respecto.
En declaraciones a Euractiv, la Comisión Europea ha calificado el contrato con Huawei como una «decisión doméstica», pero subrayó que la empresa china «genera riesgos potencialmente elevados» en infraestructuras críticas como la red 5G.
Como informó por primera vez el Financial Times, esta advertencia silenciosa se produjo cuando Bruselas instó a los Estados miembros de la UE a eliminar gradualmente al proveedor chino en favor de alternativas de europeas más fiables.
Washington también ha tomado cartas en el asunto, y altos legisladores de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos han pedido que se revise el intercambio de inteligencia con España, por temor a que se filtren secretos al Partido Comunista Chino.
La polémica sobre el contrato llega en un momento delicado para el presidente, asolado por los supuestos casos de corrupción cercándose sobre el Ejecutivo. Asimismo, el contrato con Huawei ha puesto bajo el foco internacional los vínculos inusualmente estrechos de España con China en un momento en que la UE está endureciendo su posicionamiento, calificando ahora a Pekín como un «rival sistémico.»
El domingo, una reunión entre el presidente de la Generalitat Salvador Illa y ejecutivos de Huawei en Pekín -aunque descrita como «institucional» y sin relación con el contrato- ha añadido a la óptica negativa internacional sobre España.
El Ministerio del Interior, que ya había defendido la compra con anterioridad al alegar que no existían riesgos para la seguridad y que la licitación pública se había adjudicado de forma independiente, reafirmó su postura en declaraciones a Euractiv.
«La contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei no comporta ningún riesgo para la seguridad. La contratación cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad por autoridades de certificación independientes,» afirmó este martes el equipo de comunicación del ministerio. La Secretaría de Estado de Comunicación no respondió a las peticiones de Euractiv.
«Todos los productos de Huawei disponibles en el mercado español cumplen plenamente las leyes y reglamentos locales, así como los criterios y normas de admisión de productos aplicables,» aseguró a este medio un portavoz de Huawei Europa.
En cuanto a las preocupaciones de seguridad sobre el almacenamiento de escuchas judiciales, el portavoz recalcó que «toda la información almacenada en hardware pertenece y está a disposición exclusiva del cliente.»
La decisión de proceder con el acuerdo ha generado las críticas de la oposición. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de comprometer la seguridad nacional y cuestionó la influencia del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, figura clave en la estrecha relación de Madrid con Pekín.
Zapatero, como supuesto mentor político del presidente, habría presionado para que se implantara la red 5G de Huawei en España, a pesar del mandato de la Comisión Europea para que los países de la UE eliminaran progresivamente estos equipos de «alto riesgo» por riesgo de espionaje. Sus críticos le acusan de estar detrás de la abstención de España en la votación de Bruselas del pasado octubre, cuando la UE aprobó una serie de medidas arancelarias contra los vehículos eléctricos fabricados en China.
Medios como Vozpópuli, también han destacado su conexión con Pekín a través del Gate Center -un think tank conocido por promover los intereses chinos en España-, del que consta como presidente del consejo asesor. Sus múltiples viajes a China para promover las relaciones diplomáticas y comerciales han causado perplejidad entre políticos y diplomáticos que consideran a Zapatero un abanderado de los intereses de China dentro del Gobierno de Sánchez.
Mientras que algunos gobiernos -como España y Hungría- siguen colaborando con Huawei, otros como Suecia o Francia han acelerado los esfuerzos para eliminar progresivamente los equipos chinos de sus redes móviles, al considerarlos un posible mecanismo para facilitar el espionaje estatal chino, una afirmación que Huawei niega rotundamente.
Además, el gigante tecnológico chino está siendo investigado en varios Estados miembros de la UE, el último de ellos Bélgica, donde las autoridades iniciaron una amplia investigación en 2025 en relación con la supuesta corrupción de funcionarios de las instituciones europeas.
Según información exclusiva de Euractiv y sus socios, los investigadores están estudiando si el lobismo de la empresa en Bruselas podría haber involucrado sobornos a determinados oficiales. Hasta ahora, Huawei no ha sido acusada de ningún delito y niega haber dado instrucciones a sus empleados para infringir la ley.
Los servicios de inteligencia belgas también han evaluado los posibles riesgos de espionaje, al haber entrevistado a lo largo de los años a personal de Huawei, revelan documentos vistos por Euractiv.
Desde que comenzara la investigación, se ha prohibido a Huawei reunirse con miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión.
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(Editado por Euractiv.com e Inés Fernández-Pontes/Euractiv.es)
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