Bruselas (Euractiv.com/.es) – Cada año, decenas de enfermos terminales de toda Europa viajan a Bélgica y Suiza, no en busca de esperanza, sino de una muerte digna.
Dado que la eutanasia y la muerte asistida son ilegales en la mayoría de países de la Unión Europea (UE), muchos no tienen más remedio que cruzar las fronteras para poner fin a su sufrimiento. Esa profunda divergencia a la hora de abordar el tema en Europa dificulta a quienes padecen enfermedades crónicas planificar un final digno cerca de casa.
En 2024, 120 pacientes viajaron a Bélgica para someterse a la eutanasia, de los cuales 102 eran ciudadanos franceses. Bélgica es el único país de la UE donde la eutanasia es legal para los extranjeros.
La práctica -definida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un médico- está estrictamente regulada, pero es accesible más allá de las fronteras.
Esos casos han sido calificados, con cinismo, de «turismo de la muerte». En ese sentido, Anne Raynaud, responsable de juventud de la Asociación Francesa por el Derecho a Morir Dignamente (ADMD), subraya que la realidad es muy diferente.
«Para la mayoría de pacientes al final de la vida, solicitar la eutanasia está lejos de ser ‘turismo'», asegura.
«Quienes desean elegir cómo será el final de su vida no tienen actualmente ninguna opción en Francia», explica.
Los franceses no están solos en su frustración. Sólo pocos países europeos ofrecen opciones legales para poner fin a la vida.
Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España han legalizado la eutanasia, pero el acceso suele estar limitado a sus ciudadanos o residentes.
La muerte asistida -en la cual los pacientes se administran ellos mismos la medicación para poner fin a su vida- es legal en Austria y Alemania, tras dos sentencias judiciales en 2019 y 2022 respectivamente.
Suiza es el único país europeo que permite a los extranjeros acceder a la muerte asistida, aunque no publica estadísticas oficiales sobre los casos.
La asociación Dignitas, la más conocida de La Confederación Helvética, informó en 2024 de 280 muertes asistidas, la cifra más elevada registrada hasta esa fecha. La mayoría eran extranjeros: 57 de Francia, 37 del Reino Unido y 22 de Italia.
Reino Unido ha dado hace poco los primeros pasos para aprobar un proyecto de ley de muerte asistida. La región italiana de Toscana ha aprobado una ley que permite la muerte asistida y llevó a cabo su primera muerte asistida en junio, un posible «modelo» para otras regiones.
La Asamblea Nacional de Francia votó en mayo a favor de la muerte asistida, pero el proyecto de ley aún tiene que ser aprobado por el Senado, de perfil más conservador, en otoño.
Incluso la católica Malta, donde el aborto está prohibido, debate el asunto después de que el gobierno lanzara una consulta pública en la cual se pregunta a los ciudadanos su opinión sobre la eutanasia voluntaria asistida.
Por otro lado, en países que antes rechazaron legalizar la muerte asistida o la eutanasia, el tema sigue apareciendo en la agenda. En Chequia es un tema clave de cara a las próximas elecciones parlamentarias de octubre.
Pero no todos los debates nacionales avanzan al mismo ritmo. Un organismo estatal de Eslovania vetó un nuevo proyecto de ley de muerte asistida, tras advertir de que planteaba cuestiones éticas, jurídicas y filosóficas sin resolver.
No obstante, según Raynaud, muchos pacientes creen que, aunque las leyes se aprueben, su aplicación «tardará probablemente muchos meses».
«Lamentablemente, muchos de ellos no disponen de ese tiempo y se ven obligados a marcharse al extranjero para poner fin a su sufrimiento«, afirma.
A pesar de la demanda, la Comisión Europea asegura que no piensa entrar en el asunto, que es estrictamente de ámbito nacional.
En respuesta a preguntas recientes de varios eurodiputados sobre el tema, Bruselas asegura que «la responsabilidad de la asistencia sanitaria, incluida la atención a los enfermos terminales, así como las cuestiones éticas, corresponde a los Estados miembros.»
La falta de opciones legales en la UE afecta especialmente a Suiza. En ese sentido, Dignitas aboga por directrices internacionales en la materia.
«Es necesario un enfoque internacional porque las esperanzas, deseos y necesidades de las personas son bastante similares en casi todo el mundo», argumenta la organización, al tiempo que pide respeto por «el contexto cultural y social» de cada país en este asunto.
Por su parte, la asociación suiza EXIT, que sólo apoya la muerte asistida de ciudadanos y residentes suizos, tiene una postura más pragmática.
«Una regulación paneuropea no es necesaria ni realista», explica un portavoz de la asociación en declaraciones a Euractiv. En opinión de EXIT, bastaría con que todos los países europeos legalizaran la eutanasia.
La experiencia de Alemania muestra cómo las leyes nacionales pueden llegar a marcar la diferencia: después de que el país legalizara la muerte asistida, el número de ciudadanos alemanes que viajan a Suiza se redujo drásticamente: de 85 al año a sólo cinco en 2023.
En ese sentido, Raynaud advierte que la muerte asistida no es una opción para todos.
«Los pacientes que son físicamente incapaces de autoadministrarse la sustancia letal no pueden beneficiarse de ella», asegura.
También hay una clara brecha económica. En Suiza, la muerte asistida puede costar más de 10.000 euros.
En Bélgica, el proceso cuesta aproximadamente una décima parte. Y para muchos, no se trata sólo del coste, sino de la carga emocional.
Tanto en Bélgica como en Suiza, señala Raynaud, la mayoría de los pacientes preferiría morir en casa o cerca de sus seres queridos.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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