París (Euractiv.fr/.es) – El partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (Rassemblement National/RN) entra en la pausa de verano bajo el escrutinio judicial.
Desde el escándalo por el presunto uso indebido de fondos de la Union Europea (UE) hasta la cuestionable financiación de campañas, el partido que aspira a la presidencia en 2027 se enfrenta a crecientes quebraderos de cabeza legales, muchos de los cuales afectan al corazón de su maquinaria financiera y política.
Varias personalidades de la extrema derecha, incluido el presidente del partido y eurodiputado Jordan Bardella, han calificado los procedimientos judiciales contra RN de motivación política, y han calificado uno de los casos de «claro acoso» contra el partido.
Euractiv resume algunos de los casos clave que persiguen al partido de Marine Le Pen: pasados, pendientes y futuros. En el momento de la publicación de este artículo, ningún portavoz de RN respondió a las peticiones de comentarios.
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Miembros de la Fiscalía francesa allanaron el miércoles las oficinas de RN en el marco de una investigación en curso sobre la financiación de las campañas presidenciales y legislativas de 2022 del partido, así como de su candidatura a las elecciones europeas de 2024.
La investigación se inició en 2024, después de que una auditoría del organismo de control de la financiación política de Francia alertara sobre los ingresos de RN. Los fiscales están investigando si se utilizaron préstamos privados ilegales, facturas infladas o falsas, presentadas posteriormente para su reembolso por el Estado, para financiar las campañas del partido, según el fiscal.
De momento no se han presentado cargos.
Una sentencia de financiación ilegal de campañas podría socavar los esfuerzos de RN por presentarse como un partido de gobierno creíble y le impediría recabar más apoyo financiero en el futuro.
«Todo apunta a intimidar a nuestros prestamistas», declaró el tesorero del partido, Kevin Pfeffer.
La Fiscalía Europea (EPPO), encargada de investigar los delitos graves que afectan a los intereses financieros del bloque, confirmó el martes de esta semana que ha iniciado una investigación sobre el presunto uso indebido de fondos de la UE, como adelantó Euractiv.
Una auditoría interna de los servicios del Parlamento Europeo identificó un presunto uso fraudulento de dinero para dietas, con el fin de pagar a personas o asociaciones cercanas a RN, pero sin relación con el trabajo parlamentario, entre 2019 y 2024.
Dado que la investigación se encuentra en su fase inicial, por el momento no se han presentado cargos.
Los riesgos para RN son tanto de reputación como financieros. La Fiscalía podría tratar de reclamar más de 4,3 millones de euros en fondos presuntamente malversados, una grave amenaza para un partido agobiado por las deudas.
Le Pen, que declaró a la radio francesa RTL que no sabía nada del caso, fue contundente.
«Puede haber desacuerdos administrativos con el Parlamento Europeo (…) vamos a intentar, una vez más, resolverlos», comentó en su momento.
Este es el caso con mayor impacto político. Comenzó con las acusaciones de malversación de fondos de los asistentes parlamentarios detectadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
El caso desencadenó una investigación de la Fiscalía francesa para delitos económicos en 2016 y condujo a varias condenas en 2025, incluida una pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación política de Le Pen.
De confirmarse la sentencia, Le Pen no podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Le Pen ha presentado recursos, y se prevé una decisión en el verano de 2026.
Le Pen también recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando vicios de procedimiento y parcialidad política, pero su demanda fue rechazada el miércoles.
El partido fue condenado en firme en 2024 por el uso de «kits de campaña» estandarizados vendidos a los candidatos en citas electorales previas. Los fiscales consideraron que el montaje sirvió para llevar a cabo prácticas de financiación ilícita, lo que dio lugar a sentencias firmes que ahora pesan sobre el legado jurídico del partido.
El caso también llamó la atención sobre Frédéric Chatillon, antiguo aliado de RN. Según una auditoría interna a cuyo contenido ha accedido Euractiv, una de sus empresas figuraba entre las señaladas por pagos sospechosos en una reciente investigación parlamentaria de la UE sobre esa financiación.
La auditoría no lo nombra personalmente. Según la justicia francesa, la reincidencia puede acarrear penas más severas.
Tanto RN como sus miembros son también objeto frecuente de demandas por difamación y denuncias judiciales relacionadas con delitos de incitación al odio o malversación de fondos públicos, a pesar de que Le Pen se esfuerza por «limpiar» la imagen de la extrema derecha francesa.
El portavoz de RN y diputado Laurent Jacobelli compareció en junio ante el tribunal penal de Thionville por haber llamado «escoria» al diputado macronista Belkhir Belhaddad en octubre de 2023, tras pedirle información sobre el grupo terrorista Hamás.
Jacobelli admitió haber hecho comentarios «torpes» y subrayó que el racismo es contrario a sus principios.
En las últimas semanas, la diputada Caroline Parmentier, una antigua aliada de Le Pen, ha estado en el punto de mira por haber publicado, durante 30 años, comentarios racistas, antisemitas y homófobos en Présent, un diario de extrema derecha asociado a Pétain, líder colaboracionista de la Francia de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial, y que apoyaba a un nazi belga.
Parmentier negó las acusaciones y subrayó que sus citas se sacaron de contexto.
El pasado mes de mayo, Daniel Grenon, diputado expulsado de RN en octubre de 2024 por afirmar que los ciudadanos con doble nacionalidad de origen magrebí «no tenían cabida en las más altas esferas» del Estado, fue condenado por insultos públicos e incitación a la discriminación. Grenon recurrió la sentencia.
La ex eurodiputada Maxette Pirbakas fue condenada a un año de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para cargo público por malversar 57.000 euros de un sindicato agrícola de Guadalupe.
Fue condenada por abuso de confianza, falsificación y uso de facturas falsas, aunque recurrió la sentencia tras negar haber cometido un delito. En otro caso, fue condenada a pagar más de 160.000 euros en salarios impagados a su ayudante. Aseguró que recurriría y denunció lo que calificó de «decisión política y parcial».
El alcalde de Fréjus, David Rachline, ex director de campaña de Le Pen y vicepresidente de RN, será juzgado en septiembre de este año por presunto favoritismo y corrupción.
Las autoridades financieras registraron su domicilio en marzo. Rachline negó haber cometido un delito.
Florent de Kersauson, consejero regional de RN y ex candidato al Parlamento, también se enfrenta a cargos de abuso de confianza y apropiación indebida. El veredicto se conocerá en septiembre.
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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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