Bruselas (Euractiv.com/.es) – Mientras la Comisión Europea se prepara para presentar este miércoles su próximo marco presupuestario a largo plazo, hay algo que brilla por su ausencia: un plan sólido para impedir que el dinero de la Unión Europea (UE) sea desviado por los defraudadores.
Un borrador confidencial de la nueva estrategia antifraude de la Comisión Europea, al cual ha tenido acceso Euractiv y que se presentará a los Comisarios junto con el plan presupuestario a largo plazo, sólo esboza unas intenciones mínimas de reformas de procedimiento y evita cualquier cambio estructural importante en el sistema de lucha contra el fraude del bloque.
La presidencia de la Comisión, Ursula von der Leyen se comprometió en 2024 a acabar con el fraude presupuestario, que se calcula cuesta a la UE cientos de millones de euros al año.
Sin embargo, según cinco funcionarios de Bruselas cercanos al expediente, aseguran que la Comisión ha reducido deliberadamente sus ambiciones, optando en su lugar por la cautela frente a la revisión institucional, que pospone a 2026.
«Básicamente estamos gestionando la tensión, no resolviéndola todavía», comentó a Euractiv un funcionario de Bruselas bajo condición de anonimato.
«Está en marcha», aseguró el funcionario, al tiempo que señaló que una reunión de alto nivel sobre el tema se produjo después de que el Comisario Piotr Serafin, a cargo de la revisión antifraude, asumiera su cargo a finales de 2024.
«El objetivo en ese momento era identificar las lagunas existentes e iniciar un periodo de reflexión» antes de una revisión exhaustiva prevista para 2026, según la fuente.
La estrategia de la UE para atajar el uso indebido del dinero en efectivo ha adquirido gran relevancia.
La Comisión presentará este miércoles un régimen más flexible para asignar el dinero de la UE para el período 2028-2034, el Marco Financiero Plurianual (MFP).
Las voces más críticas advierten de que ello podría abrir la puerta a nuevos casos de abuso.
La iniciativa llega en un momento en el cual los países de la UE exigen un control más estricto de cómo se gasta cada euro, al tiempo que recortan el gasto social para liberar fondos para inversiones ecológicas, defensa e inmigración.
«Si vamos a pedir a los ciudadanos que acepten la disciplina presupuestaria, deberíamos empezar por demostrar que no se está robando el dinero», explicó a Euractiv otro funcionario de la UE que trabaja en asuntos judiciales, quien lamentó la falta de urgencia de la estrategia de la Comisión.
La presión política aumenta a medida que los países de la UE y las fuerzas de seguridad hacen saltar las alarmas sobre los grupos delictivos que tienen cada vez más en el punto de mira el presupuesto comunitario.
Se calcula que las pérdidas anuales por fraude -sobre todo en agricultura, fondos de cohesión y contratación pública- superan los mil millones de euros al año, según las auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Es probable que la cifra real sea mucho mayor, dada la incoherencia en la aplicación de la normativa y la infradeclaración generalizada.
La mayor parte del dinero nunca se recupera, o lo recuperan las autoridades nacionales en lugar de la Comisión.
En el Parlamento Europeo crece la frustración por la incapacidad de la Comisión para cumplir las promesas de lucha contra el fraude que hizo Von der Leyen en discurso sobre el estado de la Unión de 2022.
«La corrupción nos cuesta cientos de miles de millones de euros cada año en Europa», explica Chloé Ridel, eurodiputada socialista (S&D) y ponente alternativa de la directiva anticorrupción.
«La estrategia de la Comisión Europea no es suficiente», añade.
Aunque en general los grupos centristas del Parlamento Europeo han acogido favorablemente las propuestas, también piden medidas más contundentes contra el fraude.
«La Comisión sabe que el Parlamento no se conformará con cambios cosméticos», asegura el eurodiputado Gilles Boyer (Renovar Europa, liberales), que trabaja en un informe sobre la protección de los intereses financieros de la UE, al tiempo que pide más cooperación e intercambio de información entre los encargados de combatir el fraude.
En el fondo, el retraso se debe a una guerra de posiciones sin resolver entre dos organismos de control de la UE responsables de proteger el presupuesto: la OLAF, vinculada a la Comisión Europea desde hace tiempo, y la Fiscalía Europea (EPPO), independiente y de reciente creación.
Mientras que la OLAF lleva a cabo investigaciones administrativas y recomienda la recuperación de fondos, la EPPO se ocupa de los procesos penales en 22 países de la UE y puede embargar -y potencialmente confiscar- activos.
Las tensiones entre ambas han aumentado: la OLAF acusa a la EPPO de retrasar la recuperación de fondos y la EPPO advierte de que las investigaciones de la OLAF pueden entorpecer las causas penales.
En lugar de aclarar responsabilidades, el Libro Blanco de la Comisión sobre la lucha contra el fraude, al cual ha tenido acceso Euractiv, propone un modelo de «doble vía» que permite a ambos organismos trabajar en paralelo y promete mejorar la cooperación.
Evita sugerir una reforma inmediata, que se aplaza a 2026 con la revisión de sus dos marcos jurídicos, tras una auditoría de las dos instituciones por el Tribunal de Cuentas. Varios funcionarios describen el documento como una forma de rebajar las tensiones sin resolver la rivalidad institucional de fondo.
Otro punto clave de la propuesta de la Comisión es otorgar un mandato más amplio para Europol, la agencia policial de la UE, con vistas al viejo sueño federalista de un «FBI europeo».
Aunque las fuerzas del orden acogen favorablemente la propuesta, según dos funcionarios de Bruselas, es poco probable que varios países de la UE le den luz verde.
Bajo este debate subyace una cuestión sin resolver, y quizá incómoda: ¿La estrategia de la UE contra el fraude tiene por objeto recuperar dinero o conseguir condenas?
Por ahora, el Ejecutivo de Bruselas parece dar prioridad a la «calma institucional», evitando roces, y a retrasar las decisiones difíciles.
En palabras de un funcionario, «la Comisión no está dispuesta a enfrentarse a la EPPO ni a dar poderes a la OLAF, así que acabamos con un statu quo que no satisface a nadie».
Los críticos advierten de que esta ambigüedad erosiona la confianza pública.
Con normas presupuestarias más estrictas sobre la mesa, se dice a los ciudadanos que acepten la disciplina fiscal, pero sin un mensaje claro de que los fondos presupuestarios están en buenas manos.
Una Europol más fuerte es «algo bueno», comenta Ridel (S&D). «Como lo es la mejora de la cooperación anunciada entre la EPPO y la OLAF. Pero eso no marcará la diferencia en la lucha contra la corrupción y el fraude (…) lo que hace falta son cambios legislativos y compromisos presupuestarios para ampliar las competencias de la EPPO y Europol», añade.
Hasta que la Comisión no defina en qué consisten el éxito y los compromisos presupuestarios en la lucha contra el fraude, su credibilidad financiera y su influencia política seguirán expuestas, temen los legisladores europeos.
«La lucha ‘contra el dinero mal gastado’ es esencial, indispensable incluso, para garantizar la integridad y la eficacia de las finanzas públicas. Pero por sí sola no puede ser la respuesta a los actuales retos presupuestarios de la UE, que también requieren opciones políticas claras, una gestión rigurosa y una visión estratégica a largo plazo», explica Boyer.
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(Editado por Martina Monti y Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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